La propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal en Honduras ha generado un amplio rechazo entre defensores de derechos humanos y especialistas, quienes aseguran que la medida no solucionará el problema de la violencia en el país.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, ante el Congreso Nacional de Honduras. El proyecto plantea disminuir de 18 a 16 años la edad punible para delitos graves como homicidio, violación, extorsión, secuestro y vínculos con el crimen organizado.

Según la parlamentaria, las estructuras criminales estarían aprovechándose de la legislación vigente para involucrar a menores de edad en actividades ilícitas, lo que, a su juicio, justifica la necesidad de reformar la normativa actual.

Especialistas cuestionan la medida

No obstante, expertos en conducta y organizaciones defensoras de la niñez han manifestado su desacuerdo con la propuesta.

El psiquiatra criminal Juan Carlos Munguía advirtió que en Honduras existe “una tendencia a la violencia y nunca vamos a las raíces del problema”. En ese sentido, cuestionó que se destinen importantes recursos a castigar, pero no a analizar científicamente las causas estructurales de la violencia.

“Yo invitaría a la diputada a deliberar con nosotros para que tengan conocimiento científico de por qué Honduras protege a la niñez y tiene una razón neurobiológica”, agregó Munguía.

Según su perspectiva, el debate sobre la edad penal debe centrarse en prevención, salud mental y análisis técnico, más que en respuestas únicamente punitivas.

Conadeh: el debate se repite cada cuatro años

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también expresó su preocupación ante la iniciativa.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó como alarmante que cada cuatro años resurja el debate sobre bajar la edad de responsabilidad penal, especialmente en contextos de alta presión social por hechos violentos.

Según datos del Conadeh, actualmente 149 niñas, niños y adolescentes se encuentran privados de libertad en centros de internamiento, cifra que no representa ni el 1 % de los adultos en el sistema penitenciario nacional. La mayoría proviene de contextos de alta vulnerabilidad social y exclusión educativa.

Desde esta perspectiva, el organismo sostiene que reducir la edad de responsabilidad penal no resolverá la violencia estructural que enfrenta el país.

“La niñez se ha convertido en víctima del sistema”

En la misma línea, Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), señaló que la niñez “se ha convertido en víctima del sistema”.

Vásquez explicó que muchas conductas delictivas de menores están vinculadas a entornos familiares marcados por violencia, exclusión y falta de oportunidades. Por ello, enfatizó que “la privación de libertad debe ser la última medida a la cual se debe acudir”.

Asimismo, detalló que actualmente se aplican medidas socioeducativas y recreativas, que permiten a los jóvenes permanecer en sus hogares bajo seguimiento de equipos multidisciplinarios, con el objetivo de fomentar su rehabilitación y reintegración social.

Finalmente, hizo un llamado al Poder Legislativo a asumir el debate con mayor responsabilidad, priorizando políticas públicas orientadas a la prevención, educación y protección integral de la niñez y adolescencia.

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