Ministro Hernández anuncia recorte de empleados públicos para optimizar presupuesto estatal
El gobierno de Nasry Asfura continúa su estrategia de eficiencia administrativa, con el anuncio del ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, sobre el despido de empleados públicos para reducir el tamaño del aparato estatal y redireccionar el presupuesto hacia obligaciones prioritarias.
Ajustes en el gasto público
Durante su intervención en el Congreso Nacional (CN), Hernández Hércules explicó que el gobierno anterior estaba “altamente poblado” y que la duplicidad de funciones en varias instituciones generaba un gasto excesivo.
“En esta disminución del aparato estatal se van a garantizar los derechos laborales, cesantías y prestaciones para las personas que van a ser removidas de sus cargos, y se va a respetar el debido proceso para cada instancia”, aseguró el funcionario.
El ministro también indicó que uno de los objetivos de estos ajustes es lograr un ahorro sustancial que oscilará entre 10 y 15 mil millones de lempiras, recursos que no se perderán, sino que se redireccionarán al pago de pasivo laboral, deuda pública y otros compromisos estatales.
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Reformulación del presupuesto 2026
Hernández confirmó que se implementará una reformulación del presupuesto general del 2026, aprobado en L469,249 millones, adaptándolo a la visión del presidente Asfura y priorizando eficiencia en el gasto.
“Esta reforma se ajusta a la política de gobierno actual y esperamos concluirla antes de que termine febrero”, puntualizó.
Transparencia y eficiencia en la gestión
El ministro subrayó que los recortes no implican declarar emergencia fiscal, sino reducir instituciones innecesarias y garantizar que el gobierno funcione de manera más efectiva.
“Hemos encontrado un gobierno altamente poblado y con deuda flotante de más de 24 mil 100 millones de lempiras; necesitamos economizar y optimizar los recursos tributarios de 2026 para atender compromisos de 2025”, explicó Hernández Hércules.
Con estas acciones, la administración busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y dar señales claras a los inversionistas y al sector privado sobre la eficiencia y responsabilidad en el manejo del presupuesto público.









