Un total de 76 municipalidades de Honduras ya enfrentan demandas en ejecución y procesos de embargo, una situación que amenaza con paralizar la operatividad de varios gobiernos locales, especialmente los de menores ingresos.

El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y alcalde de Nahún Cálix advirtió que esta problemática impacta de forma directa las finanzas municipales y, en consecuencia, el desarrollo de los territorios.

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“El escenario es preocupante porque afecta fuertemente las finanzas y limita la inversión en obras y servicios para la población”, expresó el edil al referirse a la magnitud del problema.

Demandas laborales, la principal causa

Según explicó, la mayoría de los procesos judiciales responden a conflictos laborales que surgen tras los cambios de administración municipal. Con cada transición de gobierno local, muchos alcaldes salientes despiden personal, mientras que las nuevas autoridades también realizan reestructuraciones sin evaluar la capacidad financiera para asumir las indemnizaciones.

Estas decisiones derivan en demandas por parte de empleados que reclaman sus derechos laborales. Cuando las alcaldías no cumplen con los pagos correspondientes, los tribunales ordenan embargos que recaen directamente sobre las transferencias estatales.

El problema se agrava en municipios categorías C y D, que carecen de ingresos propios y dependen casi exclusivamente de las transferencias del Gobierno Central. Si esos fondos resultan embargados, la municipalidad queda prácticamente inoperante.

Llamado al Congreso y al Ejecutivo

Ante este panorama, la AMHON instó al presidente de la República y al Congreso Nacional a incluir un capítulo específico para las municipalidades dentro del decreto de emergencia fiscal que actualmente se discute.

Las autoridades municipales consideran urgente crear un marco legal que permita enfrentar la crisis sin detener proyectos comunitarios ni servicios esenciales.

Millonarias cifras en juego

Aunque no existe un cálculo global consolidado, las cifras en algunos municipios reflejan la gravedad del problema. En Choluteca, las demandas rondan los 800 millones de lempiras; en El Corpus ascienden a unos 63 millones; y en La Paz superan los 15 millones, según datos preliminares.

El vicepresidente de la AMHON también señaló que el Tribunal Superior de Cuentas debe investigar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales en aquellos casos donde no se realizó un adecuado proceso de transición y rendición de cuentas.

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Mientras avanzan las acciones legales, las municipalidades afectadas enfrentan una creciente presión financiera que podría frenar el desarrollo local si no se aprueban medidas de alivio en el corto plazo.