La expectativa crece en el Congreso Nacional ante la posible decisión del pleno de diputados de retirar algunas potestades a la presidenta  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  Rebeca Obando y trasladarlas al pleno de los 15 magistrados. La medida ha generado reacciones encontradas en el ámbito jurídico y político.

El abogado penalista Jaime Rodríguez sostuvo que la acción no constituye una intromisión, sino una corrección institucional. “En primer lugar, no hay intromisión, lo que se está haciendo es frenando accionarios incorrectos que ha cometido la presidenta”, afirmó.Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizzeth Obando.

“No es la dueña de la Corte”

Rodríguez cuestionó que la titular del Poder Judicial haya tomado decisiones de forma unilateral, particularmente en el traslado de jueces y magistrados tras resoluciones que —según él— no favorecían intereses políticos.

“Hay que tener algo bien claro: la magistrada presidenta no cuenta con el respaldo de los magistrados, y ella no es la dueña de la Corte”, enfatizó. Asimismo, señaló que hubiese sido distinto si el pleno de magistrados hubiera aparecido respaldándola públicamente.

El jurista comparó la situación con el Congreso Nacional: “Sería igual que si en el Congreso Tomás Zambrano tome las decisiones por todos los 128 diputados; el tener poder absoluto no es bueno”.

A su criterio, las acciones recientes son consecuencia de decisiones previas marcadas por tintes políticos. “Este es producto de sus acciones que le están pasando factura”, manifestó.

Señalamientos por traslados y sanciones

Rodríguez enumeró casos en los que, según afirmó, jueces fueron castigados tras emitir resoluciones que no beneficiaban políticamente al partido Libre.

“Miren, el juez que le dio medidas a los militares, castigado; el juez que le dio medidas a Nasry Asfura, trasladado; la juez que le dio medidas a una persona incapacitada, también la castigaron”, detalló.

En ese sentido, aseguró que se generó un clima de temor en el Poder Judicial. “Los jueces tienen miedo de otorgar medidas porque piensan que les va a suceder lo mismo que les ha sucedido a otros jueces”, señaló.

También hizo referencia al caso de exgenerales mayores de 70 años que permanecen en prisión preventiva, pese a que —según indicó— la ley prohíbe la retención en centros penitenciarios a personas de esa edad. “Poco o nada les ha importado”, cuestionó.

Llamado a magistrados y al Congreso

El abogado dirigió un llamado a los magistrados de la Corte de Apelaciones para que se pronuncien sobre estos casos. “No se han pronunciado en relación a este tema, simple y sencillamente porque son magistrados que fueron nombrados por ella”, expresó.

De igual forma, consideró que la eventual decisión del Congreso pondría fin a supuestos abusos en la toma de decisiones unilaterales dentro del Poder Judicial. “Claro, obviamente, no puede seguir ella tomando decisiones de manera unilateral”, sostuvo.

En cuanto al papel del Legislativo, Rodríguez pidió que el tema sea tratado con las formalidades correspondientes y que se vote sin dilaciones. “Que se terminen pronunciando, ya sea por unanimidad o por mayoría; en este caso, habiendo mayoría calificada de la bancada liberal y nacionalista, creo que no debería de haber ningún atraso”, concluyó.

La discusión promete marcar un punto de inflexión en la relación entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en un contexto donde la independencia judicial y la separación de poderes vuelven a estar en el centro del debate público.

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Presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando señala riesgos en reforma discutida en Congreso Nacional

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, advirtió este lunes 16 de febrero, que el proyecto de reforma al artículo 3 del Decreto 282-2010 representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían afectar la independencia del Poder Judicial.

A través de un comunicado oficial fechado el 16 de febrero de 2026, la titular del Poder Judicial hizo un llamado respetuoso al Congreso Nacional para instalar una mesa técnica interinstitucional antes de aprobar de forma definitiva la iniciativa.

A través de un comunicado oficial leído por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, la titular del ente judicial advirtió que el proyecto en discusión podría generar impactos “jurídicos, operativos e institucionales” que pondrían en riesgo la independencia del sistema de justicia.

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La reacción surge luego de que la iniciativa fuera discutida en primer debate en el Legislativo. Aunque desde la Presidencia del Poder Judicial se reconoció la facultad constitucional del Congreso para reformar leyes, también se subrayó que esa atribución tiene límites cuando se compromete la autonomía de otro poder del Estado.

En el pronunciamiento se enfatizó que la Constitución establece la independencia y complementariedad de los poderes públicos, sin relaciones de subordinación. Bajo esa premisa, el Poder Judicial considera que la redacción actual del dictamen presenta ambigüedades sobre competencias y niveles de decisión, particularmente en lo relacionado con la devolución de facultades al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento, trasladar decisiones administrativas y disciplinarias a un órgano colegiado compuesto por 15 magistrados —quienes además integran las distintas salas jurisdiccionales— podría generar retrasos en la gestión institucional y afectar la operatividad del sistema. Se advierte la posibilidad de “cuellos de botella” en la toma de decisiones vinculadas a personal, traslados y procesos disciplinarios.

Otro de los puntos señalados es el eventual impacto en la imparcialidad. La concentración de funciones disciplinarias y de revisión en el Pleno, sostiene el comunicado, podría debilitar la garantía de objetividad y el derecho efectivo de impugnación, elementos esenciales dentro del Estado de Derecho.

El Poder Judicial también defendió la gestión administrativa actual, asegurando que las decisiones adoptadas han estado orientadas a garantizar la continuidad del servicio de justicia en el país, sin que exista una expansión descontrolada en nombramientos.

Postura de la presidenta de la CJS, Rebeca Ráquel Obando

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Ante este escenario, la institución propuso suspender la aprobación definitiva del proyecto y convocar de inmediato a una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso Nacional, el Poder Judicial y expertos en derecho constitucional y administrativo. Además, planteó como alternativa la discusión y eventual aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.

Finalmente, la presidenta Rebeca Ráquel Obando reiteró la disposición al diálogo, pero dejó claro que no acompañarán una reforma que, en su criterio, comprometa la seguridad jurídica y el equilibrio entre los poderes del Estado.