El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Mario Díaz, se pronunció sobre la iniciativa de ley que busca reducir la potestad administrativa de la presidenta del Poder Judicial y trasladarla al pleno de magistrados.

La propuesta ya fue aprobada en su primer debate en el Congreso Nacional de Honduras, generando diversas reacciones dentro del sistema judicial.

Díaz manifestó que, desde su punto de vista, la reforma no es la vía correcta. Considera que se trata de una medida transitoria que no resolvería de fondo la problemática administrativa, y advirtió que lo conveniente sería impulsar una transformación más estructural que garantice una administración moderna y eficiente del Poder Judicial.

Pide reformular la ley y crear el Consejo de la Judicatura

El magistrado explicó que lo más adecuado sería elaborar y aprobar una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, organismo que permitiría separar claramente la función jurisdiccional de la función administrativa.

Según detalló, los magistrados no deberían estar enfocados en tareas administrativas, ya que su rol principal es impartir justicia y resolver casos conforme a la ley.

A su criterio, cuando los magistrados asumen labores administrativas, se reduce el tiempo y la concentración necesarios para atender la función jurisdiccional, que calificó como la más importante dentro del Poder Judicial.

Por ello, insistió en que una reforma parcial no sería suficiente y que se requiere una reestructuración integral.

Debate interno y postura institucional

Las declaraciones de Díaz se suman a las opiniones de otros magistrados que también han reaccionado al comunicado emitido por la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, quien solicitó a los diputados suspender la iniciativa de ley.

El debate continúa abierto mientras distintos sectores analizan el alcance de la reforma. Para Mario Díaz, la modernización del Poder Judicial debe basarse en una separación clara de funciones y en la creación de mecanismos institucionales sólidos que fortalezcan la independencia y eficiencia del sistema de justicia en Honduras.

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