Honduras se mantiene con 22 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, siendo considerado como uno de los países con mayores niveles de corrupción en la región.

A lo largo de la última década, Honduras ha sido caracterizado por puntajes que oscilan entre 22 y 29 puntos. Aunque se observaron breves mejoras entre 2015 y 2016, estas fueron seguidas por un deterioro progresivo que ha persistido hasta la actualidad.

En comparación con otros países de Centroamérica, se ubica como el segundo país con mayor percepción de corrupción, solo siendo superado por Nicaragua, que registró 14 puntos.

La corrupción en el país afecta directamente a la ciudadanía. Según el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, “la ley, la ciudadanía y la sociedad civil son las principales víctimas de la corrupción. Exhortamos al gobierno a que el discurso de transparencia se traduzca en acciones concretas; no es la primera vez que se habla de anticorrupción sin resultados visibles”.

La ASJ denuncia que procesos de compras sobrevalorados, mal planificados o con desvíos de insumos han dejado a miles de hondureños sin atención médica adecuada, con más de 15 mil personas esperando cirugías y más del 50% de pacientes pendientes de tratamientos vitales.

Honduras, cuarto país más corrupto en América Latina

En el contexto latinoamericano, Honduras figura como el cuarto país con mayor percepción de corrupción, solo superando en niveles de corrupción a Venezuela (10 puntos), Nicaragua (14 puntos) y Haití (16 puntos), según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025.

La ASJ advierte que este nivel de corrupción no solo roba recursos, sino también oportunidades y aprendizajes, especialmente cuando los procesos de selección de personal en el Estado han sido interferidos, afectando la educación y otros servicios esenciales.

Corrupción en educación y salud: un efecto en cadena

La ASJ enfatiza que la corrupción mata y expone vidas, debilitando el sistema de salud y educación. En educación, los procesos de nombramiento de docentes han sido intervenidos, privando a estudiantes de zonas rurales de maestros calificados.

En salud, las compras irregulares de medicamentos e insumos ponen en riesgo la vida de miles de personas. Hernández asegura que ASJ seguirá vigilante de los procesos públicos y exige a la administración actual gestión transparente y priorización de los servicios para los más vulnerables, garantizando que la corrupción no siga afectando derechos fundamentales.

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