El secretario del Congreso Nacional dio a conocer que el gobierno anterior realizó nombramientos de última hora en el Banco Central de Honduras, designando a Sarahí Cerna y al ex canciller Enrique Reina, ambos sin experiencia financiera.

Expertos señalan que estas decisiones “no solo se observan como un cierre apresurado del gobierno, sino que refuerzan la opción de una administración empeñada en dejar cuadros afines atornillados al poder incluso después de abandonar Casa Presidencial”.

Los cuestionamientos apuntan a que la medida fue interpretada como una maniobra política calculada, más orientada a condicionar al nuevo gobierno que a fortalecer la institucionalidad del ente financiero.

 

 

Expertos advierten sobre nombramientos

“Esto lo va a determinar la junta administradora, los lentes legales, porque por otro lado ya quedaron nombrados. El gobierno anterior con toda la potestad del mundo hizo el nombramiento y lo que procede, si se remueven, pueden generarse demandas laborales que le tocará enfrentar al nuevo gobierno”, advierte Nancy Ochoa, experta en gestión pública.

Las salidas posibles, según Ochoa, incluyen la remoción en base a ley por incumplimiento de criterios o una negociación.

 

 

Sin embargo, advierten que “una vez formalizado un nombramiento conforme a ley, el funcionario adquiere una estabilidad jurídica en el cargo. Cualquier cancelación impulsada por razones políticas abrirá automáticamente la puerta a demandas judiciales”.

 

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¿Nombramientos tienen un mensaje?

El mensaje que se interpreta es que el gobierno anterior buscó “amarrar espacios estratégicos antes de irse”, en áreas clave de la política monetaria y financiera del país. Esta acción recuerda lo ocurrido en la administración de Juan Orlando Hernández, que también nombró funcionarios en el Banco Central antes de dejar el poder.

Expertos subrayan que, si los nombramientos no cumplen con los requisitos, debe seguirse un procedimiento legal que garantice el derecho a la defensa y el debido proceso. Además, señalan que la figura de “nombramientos por única vez” carece de sustento jurídico y debería ser reformada para evitar abusos.

Las autoridades del nuevo Congreso esperan que la institucionalidad prevalezca y que cualquier decisión sobre estos cargos se realice conforme a la ley, evitando que se repitan prácticas que debiliten la credibilidad de las instituciones financieras del país.

 

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