A escasos días de finalizar la actual administración, el Instituto de Información Profesional (Infop) se encuentra bajo investigación por una presunta sobrevaloración en la compra de simuladores técnicos valorados en más de 200 millones de lempiras.

De acuerdo con las autoridades, de esa suma ya se han pagado 172 millones, lo que motivó al Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a realizar el secuestro de documentos en las instalaciones del instituto.

La diligencia busca determinar si hubo irregularidades en el proceso de adquisición.

Investigación en curso

La administración encabezada por Carlos Suazo es señalada en esta transacción, que habría beneficiado a proveedores con precios presuntamente inflados. Los fiscales anticorrupción confirmaron que la investigación se origina en denuncias ciudadanas y que se analizará si procede una acción penal por fraude o malversación de fondos públicos.

El ex titular de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción, Henry Salgado, recordó que este tipo de procesos deben ser investigados con rigor para garantizar transparencia en el uso de recursos estatales.

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Argumentos de defensa

Por su parte, algunos sectores sostienen que el director del Infop debe presentar toda la documentación que respalde el proceso de compra.

Señalan que si se siguieron los procedimientos establecidos por la ley —como la obtención de al menos tres cotizaciones y la selección de la oferta más baja o de mejor calidad— no habría responsabilidad administrativa ni penal.

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Los equipos adquiridos

Los simuladores comprados están destinados a la formación técnica de los estudiantes y abarcan diversas áreas:

• Autoelevador de montacarga
• Cargador frontal
• Excavadora hidráulica
• Tractor agrícola
• Transporte pesado
• Soldadura
• Grúas portuarias
• Entrenamiento para pilotos de drones
• Motocicleta
• Pintura industrial

Estos equipos buscan fortalecer la enseñanza práctica en carreras técnicas, aunque ahora su adquisición se encuentra bajo la lupa de las autoridades.

Próximos pasos

La ATIC y el Ministerio Público continuarán con la recopilación de pruebas para determinar si existió sobrevaloración en la compra de los simuladores.

De confirmarse irregularidades, podrían derivarse responsabilidades penales contra funcionarios de la actual administración.

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