El 25 de enero de 1955, el movimiento sufragista de Honduras consiguió que las mujeres alfabetizadas pudieran ejercer su derecho al voto y participar en la política nacional mediante un decreto presidencial. Eso pudo ser el comienzo para redefinir la relación que tienen los hombres y el Estado con las mujeres en Honduras.

El decreto #29, emitido por Julio Lozano Díaz, también tenía como fundamento la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por las Naciones Unidas; además, se sumaba a otros 112 países que en ese periodo ya habilitaban a las mujeres para votar.

Esa victoria representó un progreso en el esfuerzo por establecer los cimientos de un sistema electoral, tras décadas de dictadura, que tenía como objetivo propulsar una ampliación de los derechos laborales, educativos y sociales para las mujeres. En resumen, el derecho para determinar la dirección política del país debería ser el primer paso para reducir la desigualdad de género.

Obstáculos a superar

No obstante, el proceso ha tenido dificultades para avanzar fluidamente debido a un sistema que está dominado por la cultura tradicional masculina y las creencias.

Las mujeres han tenido muy pocas oportunidades de recibir apoyo por parte de los hombres para obtener sus derechos.

Para ellas, el reconocimiento de sus libertades es un camino difícil, tanto en 1955 como en la actualidad.

Escenarios ganados a pulso

La cronología no engaña. Una hondureña publicó su primer libro en 1930 y desde entonces no han transcurrido ni cien años. La democracia en el país tiene solo 37 años desde que una mujer ocupó por primera vez la alcaldía, y no fue sino hasta 1957 cuando las mujeres entraron al Congreso Nacional.

Sin dejar de lado que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tardó 84 años en graduar a una mujer en 1931. Y así, siempre se ha comenzado tarde.

En la actualidad, el derecho de las mujeres a participar en la vida pública de Honduras es el producto de un proceso que contiene tanto progresos como retrocesos. Se percibe una reducción en la representación que tienen en los puestos de elección popular y su posición aún no es igualitaria, a pesar de haber pasado 64 años desde que se aprobó su participación política.

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