“No hay justicia”, expresó Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, al cumplirse cinco años del femicidio de su hija, ocurrido en una celda policial de La Esperanza, Intibucá. Rodríguez cuestionó que el caso no se ha visto investigado de forma integral y lamentó que solo una persona haya enfrentado consecuencias penales.

Entre lágrimas, señaló: “No es posible que solo el chivo expiatorio haya estado dos años en un batallón recibiendo su sueldo y privilegios mientras nuestra familia exige justicia”.

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La madre también denunció la falta de apoyo de las instituciones: “Uno se llena de impotencia al ver que jueces y todo el Estado han estado confabulados a favor de los policías, y nosotros, una familia humilde, no tenemos justicia”.

Detalles del caso y cuestionamientos judiciales

Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años y estudiante de enfermería, detenida por escándalo en la vía pública e incumplimiento del toque de queda durante la pandemia. A la joven la encontraron sin vida en la celda donde permanecía bajo custodia policial.

La versión inicial de la Policía señalaba suicidio, pero la autopsia de Medicina Forense determinó que la causa fue asfixia mecánica por sofocación, confirmando el hecho como homicidio.

Las investigaciones también revelaron que Keyla no se vio sometida a prueba de alcoholemia, pese a que un oficial alegó que la joven admitió haber consumido alcohol, generando cuestionamientos sobre los protocolos aplicados durante su arresto.

Acción judicial y exigencias de la familia

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio tras detectar irregularidades en el proceso, pero la familia continúa exigiendo que todos los responsables enfrenten consecuencias.

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Rodríguez afirmó que, a pesar de las limitaciones económicas, seguirá luchando por justicia: “No tenemos dinero para abogados, pero vamos a seguir exigiendo respuestas”.

Desde el fallecimiento de Keyla, familiares y amigos han realizado plantones frente a la Corte Suprema, denunciando irregularidades en la actuación de los agentes y en el proceso judicial, en un reclamo que sigue vigente cinco años después.