Poner fin a las irregularidades en el manejo de la Tasa de Seguridad se perfila como uno de los grandes desafíos del próximo gobierno de Honduras.

Especialistas advierten que, según organizaciones de sociedad civil, más del 60% de estos recursos se ha destinado a gastos de alimentación y compra de vehículos, en lugar de fortalecer la seguridad pública.

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Recursos desviados y efectos visibles

La ciudadanía enfrenta un incremento en la inseguridad, con mayor presencia de extorsión y actividades vinculadas al crimen organizado.

“No vemos que la tasa de seguridad haya tenido un uso correcto”, señalaron representantes de organizaciones sociales, al subrayar que solo un 40% de los fondos se ha invertido en medidas de protección.

Expertos piden cambios

También los analistas consideran que estas irregularidades no deben continuar y sugieren limitar los fondos destinados a la institución que administra la tasa.

Para ellos, la transparencia en el uso de los recursos es clave para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que el dinero cumpla con su propósito original.

Debate sobre la eliminación de la Tasa de Seguridad

Sin embargo, otros sectores plantean que la eliminación de la tasa sería lo más conveniente. Esta medida fue una promesa del gobierno del Partido Libertad y Refundación y se mantiene como un reto pendiente para la nueva administración.

La tasa de seguridad se implementó en 2012, durante la gestión de Juan Hernández. Desde entonces, los recursos captados no han logrado cumplir con el objetivo de mejorar la seguridad pública.

Para diversos actores sociales, su continuidad o eliminación será una decisión clave en la agenda gubernamental.

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