El analista y experto en temas electorales Julio Larios se refirió al complejo escenario político que atraviesa el país tras las elecciones generales, en particular a la convocatoria realizada por diputados de oposición para una sesión este lunes a las 4:00 de la tarde. Según Larios, la oposición —especialmente el Partido Liberal— debe alcanzar consensos, ya que entre las principales fuerzas opositoras se configura una mayoría calificada clave para encauzar reformas y ordenar la institucionalidad del país.

Mayoría calificada y reformas pendientes

Larios señaló que, aunque se ha insistido en la necesidad de reformas electorales y cambios al Código Penal, el primer paso debe ser construir una cultura de respeto a la ley.

En ese contexto, afirmó que una mayoría calificada en el Congreso permitiría acciones de fondo, como la destitución del actual fiscal general y el nombramiento de uno nuevo que investigue presuntas irregularidades cometidas por altos funcionarios tras la toma de posesión.

Señalamientos por posibles delitos graves

El experto sostuvo que algunas decisiones tomadas por figuras como el presidente del Congreso Nacional y el exjefe del Estado Mayor Conjunto podrían constituir delitos de traición a la patria, los cuales, según el Código Penal y la Constitución, contemplan penas de hasta 20 años de cárcel y expropiación de bienes. Subrayó que estos procesos requieren respaldo político, tanto en el Congreso como en la Corte Suprema de Justicia.

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Críticas a negociaciones políticas internas

Larios advirtió sobre lo que calificó como negociaciones peligrosas, al señalar que el partido Libre estaría ofreciendo la presidencia del Congreso a sectores internos del Partido Liberal.

A su juicio, esto contradice el mensaje expresado por la ciudadanía, que —según dijo— rechazó la continuidad del actual presidente del Legislativo.

Voto por voto y límites legales

El analista cuestionó la exigencia del voto por voto impulsada por el oficialismo y respaldada por el Consejo de Ministros. Recordó que la calificación del proceso electoral corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y que las impugnaciones deben tramitarse ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y, posteriormente, la Corte Suprema.

En ese sentido, explicó que cualquier decisión legislativa en materia electoral requiere dos tercios del Congreso, es decir, 86 votos, y que las sesiones con apenas 65 o 66 diputados carecen de validez legal, tal como lo reconoció públicamente la propia presidenta de la República.

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Caso Distrito Central y requisitos legales

Sobre el caso del alcalde capitalino Jorge Aldana, quien ha exigido voto por voto tras los resultados en el Distrito Central, Larios aclaró que la ley establece causales específicas para revisar actas, como inconsistencias numéricas o más votos que votantes. Sin estas causales debidamente sustentadas, el recurso no puede ser admitido, postura que —según indicó— ya ha sido respaldada por el presidente del Tribunal de Justicia Electoral.

Llamado a respetar la ley y las instancias

Finalmente, Larios hizo un llamado a respetar el marco legal y las instancias correspondientes, recordando que cualquier inconformidad debe resolverse por la vía institucional hasta llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Justicia. A su juicio, solo el cumplimiento estricto de la ley permitirá preservar la estabilidad democrática del país.

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