Las máximas autoridades castrenses, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio Ardón, y representantes de la Policía Nacional, llegaron este martes al Congreso Nacional para reunirse con el presidente del Legislativo, Luis Redondo, con el objetivo de tratar los ascensos correspondientes. La sesión, convocada por la Comisión Permanente, ha generado debate sobre su legalidad y alcance.

Los ascensos contemplan a oficiales del Ejército y de la Policía Nacional y se consideran de “máxima intención” debido a su relevancia en la seguridad del país y la operatividad de las instituciones castrenses y policiales.

Sin embargo, Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, asegura que  la Comisión Permanente carece de facultades legales para aprobar estos ascensos.

Por otro lado, el diputado Manuel Rodríguez del partido Libre, confirmó la presencia de las autoridades castrenses en la sesión, mientras que se espera que la votación se realice durante el día.

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Debate sobre legalidad y procedencia de la sesión

Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, manifestó que su partido acompañaría los ascensos solo si se hacen dentro de la legalidad, advirtiendo que cualquier aprobación fuera de la convocatoria constitucional carecería de validez y debería esperar hasta el 25 de enero, con la instalación del nuevo Congreso Nacional.

“Nosotros acompañamos estas iniciativas, pero hay que hacerlo bien. No podemos votar en una sesión convocada por la Comisión Permanente sin la debida legalidad”, señaló Zambrano.

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Coordinación política y consensos de cara al nuevo gobierno

Zambrano dijo a la prensa que el próximo presidente del Congreso Nacional debe ser un integrante del Partido Nacional, ya que fechas anteriores han fallado en darle prioridad a otros candidatos que no han visto por el futuro del país.

Garantía constitucional de alternancia de poder

Zambrano enfatizó que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar la alternancia constitucional del poder y asegurar la toma de posesión del presidente electo, Nasry Asfura, el próximo 27 de enero, cumpliendo con la Constitución y la ley.

El Congreso Nacional, en este contexto, enfrenta la presión de ejecutar los ascensos de forma legal, mientras se coordina el diálogo político para consolidar acuerdos de gobernabilidad y seguridad para Honduras.

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