El Poder Ejecutivo giró instrucciones a las secretarías e instituciones del Estado para el retorno a la caja única los fondos presupuestarios que no hayan sido ejecutados, una medida que reaviva el debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el peso de la deuda flotante que arrastra Honduras.

Desde el ámbito técnico, especialistas en banca y finanzas consideran que la decisión tiene una lógica administrativa y fiscal. La experta Nancy Ochoa señaló que el Estado enfrenta compromisos pendientes que no han podido cumplirse y que estos fondos podrían destinarse a aliviar esa presión.

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“Ya se sabe que hay un nivel considerable de deuda flotante que no se ha podido cumplir y estos recursos pudiesen servir en ese sentido”, explicó.

Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, la deuda flotante del Estado supera actualmente los 20 mil millones de lempiras, una cifra que refleja la magnitud del reto fiscal.

No obstante, la medida también ha generado advertencias desde otros sectores. Analistas señalan que, si bien el retorno de fondos no ejecutados puede mejorar la caja del Estado a corto plazo, existe el riesgo de trasladar una carga financiera significativa a la siguiente administración. Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), advirtió que esta dinámica podría dejar un problema latente.

“Ante esta situación, lo que viene más adelante es que se le va a dejar un problema a la nueva administración con esta deuda que hay que cumplir”, manifestó.

Instrucción de gobierno de Honduras a secretarías de retorno de fondos:

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En medio de este panorama, representantes del sector privado y productivo subrayan la importancia de que el gobierno priorice el pago a proveedores, muchos de los cuales dependen de esos ingresos para mantener operaciones y empleo. Para Eduardo Bennaton, presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), el escenario aún permite cierto optimismo.

“Yo miro el panorama con optimismo, yo creo que sí se pueden alcanzar al término del 2030 las metas estratégicas que se establezcan”, afirmó.

La orden de retornar los fondos no utilizados pone en el centro del debate la eficiencia del gasto público y la necesidad de equilibrar la disciplina fiscal con la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, en un momento clave para la transición económica del país.