El escrutinio especial que se desarrolla tras las elecciones en Honduras responde a un procedimiento técnico y jurídico cuidadosamente delimitado, lejos de un recuento indiscriminado de actas. Así lo explicó la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, al detallar cómo se define qué documentos entran al proceso, cuáles se corrigen sin abrir urnas y cuáles quedan fuera por no cumplir las causales establecidas en la ley.

Uno de los primeros puntos que aclaró la funcionaria es la diferencia entre el acta física y el sistema informático. El acta, elaborada en la mesa electoral, constituye el respaldo legal del resultado, mientras que la plataforma digital cumple únicamente una función operativa. En ese sentido, un error en el sistema no implica necesariamente una irregularidad en el acta.

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Según López, existen fallas recurrentes de reconocimiento o digitación que pueden alterar cifras en pantalla, como interpretar mal un número o reflejar votos en cero pese a que el documento físico sí los consigna.

A partir de esa distinción, el CNE aplica una clasificación que define el camino a seguir para cada acta observada. En algunos casos basta con una corrección de transcripción, cuando el acta está clara y el problema se limita al sistema. En otros, las inconsistencias son de fondo: balances que no cuadran, diferencias entre votantes y papeletas o incidencias que obligan a revisar cuadernos y, de ser necesario, volver a contar votos mediante escrutinio especial.

También existe un tercer grupo: actas solicitadas por partidos políticos que no cumplen los requisitos legales para ser revisadas. López fue enfática en que el escrutinio especial no funciona como un mecanismo automático ni como una “red abierta”, sino que cada solicitud debe estar debidamente sustentada.

Esta metodología explica por qué el pleno del CNE no aprobó de una sola vez las 2,792 actas presentadas. Hasta ahora, se han validado 1,634, distribuidas en dos etapas, y podrían sumarse más si superan el análisis legal. Para la consejera, actuar bajo presión sin respetar ese filtro pondría en riesgo la legalidad del proceso.

En cuanto a la ejecución del recuento, la responsabilidad recae en las Juntas Especiales de Verificación, integradas por representantes de los partidos, lo que implica que eventuales conflictos o paralizaciones en esos órganos afectan el ritmo del escrutinio. A ello se suman, según López, episodios de presión y presencia indebida de actores políticos en instalaciones electorales, situación que calificó como una “crisis inducida”.

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Con un calendario ajustado y un margen de días limitado, el CNE asegura que su rol no es definir ganadores, sino formalizar resultados conforme a la voluntad expresada en las urnas. Bajo ese enfoque, el escrutinio especial avanza de forma selectiva, priorizando criterios técnicos y legales por encima del volumen de solicitudes.