La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió este jueves dos nuevas solicitudes de extradición, por parte de los Estados Unidos, la cual  corresponde a los ciudadanos Joaquín Alvarado y Zacarías Antúnez Padilla, según informó la institución.

Desde la reforma constitucional al artículo 102 en 2012, Honduras ha aprobado 66 extradiciones: 64 hacia Estados Unidos y dos a Costa Rica, en un proceso clave para combatir el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

El pleno de magistrados se reunió para conocer los expedientes y designar a los jueces naturales que llevarán los casos. La CSJ ha reiterado que los procedimientos buscan garantizar el debido proceso, respetando los derechos de los solicitados y cumpliendo con los tratados internacionales y la legislación nacional vigente.

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Extradiciones en la historia

Históricamente, las extradiciones en Honduras se rigen por el tratado firmado con Estados Unidos en 1909, complementado por la convención suplementaria de 1927. Con la reforma constitucional de 2012, se estableció un marco legal sólido que permitió la entrega de nacionales al extranjero, especialmente en casos de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos graves.

La primera extradición bajo este marco se realizó en mayo de 2014, cuando Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo fue entregado a las autoridades estadounidenses, dando inicio a una serie de 65 procesos más, algunos ya concluidos y otros aún activos.

En agosto de 2024, la presidenta del país denunció el tratado de extradición, argumentando que Washington buscaba influir en asuntos internos. Durante seis meses, el tema generó gran expectación y tensión mediática, especialmente cuando se solicitaban extradiciones de hondureños vinculados al narcotráfico.

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Cooperación con la justicia internacional

Hasta la fecha, las extradiciones han permitido que decenas de hondureños cumplan condenas en prisiones estadounidenses o estén a la espera de juicios, contribuyendo al debilitamiento de redes de crimen organizado en el país. Con estos nuevos pedidos, Honduras continúa cooperando con la justicia internacional, demostrando su compromiso con la legalidad y la lucha contra el narcotráfico.

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