La permanencia de Gabriela Castellanos al frente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) quedó confirmada, luego de que la asamblea de la institución reafirmara su respaldo a la directora ejecutiva en medio de rumores sobre un supuesto intento de removerla del cargo.

La ratificación se produjo en una sesión convocada para revisar el marco legal del organismo y conocer un informe de gestión.

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Nelson Licona, coordinador del Comité Ejecutivo del CNA, desestimó de manera contundente cualquier versión sobre una maniobra para sustituir a Castellanos. “Solo en mentes malvadas cabe destitución”, afirmó, dejando claro que la discusión en la asamblea nunca estuvo orientada a temas de remoción.

Según explicó, el encuentro tenía un carácter meramente informativo y buscaba fortalecer la comprensión interna sobre las funciones que la ley asigna al organismo. Mientras tanto, la reunión también sirvió para oficializar la incorporación de dos nuevos miembros a la asamblea en representación del gobierno: el periodista Héctor Espinal y la abogada y defensora de derechos humanos Reina Rivera Joya. Ambos insistieron en que su rol será independiente.

Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), recordó que el gobierno llevaba una década sin nombrar delegados ante el CNA, a pesar de que la normativa contempla dicha participación. El retorno del Ejecutivo a este espacio, señaló, se enmarca dentro de las atribuciones legales establecidas.

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Tras la intensa sesión, la asamblea decidió que no volverá a reunirse hasta que concluya el proceso electoral, una medida que busca evitar interpretaciones políticas o interferencias en un momento considerado especialmente sensible para el país.

Con este cierre, el CNA reafirma la continuidad de Castellanos y abre una nueva etapa con la integración de los dos representantes oficiales, en un contexto donde la vigilancia ciudadana cobra especial importancia.