Tras la adjudicación del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la empresa encargada de distribuir las maletas electorales y kits tecnológicos, surgieron denuncias de un supuesto boicot.

Desde el Partido Libre (Libre) la aspirante a diputada Carmen Haydeé aseguran que el retraso en la firma del contrato responde a un plan del Partido Nacional, señalando que las empresas involucradas fueron mencionadas en audios atribuidos a la consejera Cossette López, y que algunas no cumplían requisitos o desaparecieron del proceso.

En contraste, dirigentes del Partido Nacional acusan a Libre de estar detrás de la crisis con las empresas de transporte, afirmando que ese partido ha sembrado incertidumbre desde las elecciones internas. “Los únicos que han estado boicoteando el proceso electoral son Libertad y Refundación”, señala Juan Diego Zelaya, candidato nacionalista a la alcaldía de Tegucigalpa, responsabilizando directamente a Marlon Ochoa y a la dirigencia de Libre de manipular el proceso.

Impugnaciones y retrasos

El conflicto se agudizó luego de que varias compañías presentaran impugnaciones contra la adjudicación. Entre ellas, Transportes Mo-Ro y Logística Junior H interpusieron recursos legales cuestionando la idoneidad de la empresa seleccionada, Gold Rent a Car, alegando que uno de sus representantes enfrenta acusaciones por falsificación de documentos.

Estos recursos han generado incertidumbre sobre la legalidad y transparencia del proceso, obligando al CNE a revisar nuevamente la adjudicación, justo a pocos días de las elecciones generales.

Diversos sectores insisten en que la ciudadanía debe salir a votar, pero llaman a emitir un sufragio responsable

Antecedentes del proceso

El contrato de transporte electoral ha sido uno de los más polémicos en la preparación de los comicios de 2025. Inicialmente, el CNE adjudicó el servicio a la empresa Unión Latin Cargo, pero el proceso fue relanzado en varias ocasiones tras rechazos y fracasos en la licitación.

Finalmente, el contrato fue otorgado a Gold Rent a Car, con un valor superior a 70 millones de lempiras.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, había anunciado que la adjudicación se aprobó por unanimidad, destacando que era un paso clave en la logística electoral. Sin embargo, las impugnaciones posteriores han vuelto a poner en duda la estabilidad del proceso.

Empresarios llaman a los entes electorales y al ejército a generar certidumbre a pocos días de los comicios generales

Opinión de analistas y exconsejeros

Héctor Soto, analista político señala que el CNE se ha convertido en un espacio de conflictos permanentes y que lo ocurrido refleja la forma en que se está gestionando el proceso electoral.

Por su parte, Kelvin Aguirre, exconsejero, recuerda que los retrasos actuales son consecuencia de decisiones previas, como la paralización de procesos durante julio, lo que afectó los tiempos y ahora obliga a acelerar la logística.

Según el exconcejal Kelvin Aguirre, impugnaciones de empresas de transporte son legales