El Gobierno de Estados Unidos ha encendido nuevamente las alarmas en torno a los movimientos migratorios que tienen como punto de partida o tránsito a Nicaragua.

Una nueva decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, hecha pública este 17 de noviembre, advierte un giro más estricto en la política de visa dirigida a ciertos sectores vinculados con el flujo irregular hacia territorio estadounidense.

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La medida, anunciada por el viceportavoz principal Thomas “Tommy” Pigott, forma parte de una estrategia que Washington viene afinando desde hace meses. El aviso no apunta a la población general, pero sí a un grupo muy específico que, según investigaciones oficiales, ha contribuido a que el fenómeno migratorio aumente presiones en la región.

El Departamento de Estado detalló el núcleo de la decisión: Estados Unidos revocará visados e impondrá nuevas restricciones a individuos en Nicaragua vinculados con compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que, de acuerdo con las pesquisas, habrían facilitado de manera deliberada el ingreso irregular de extranjeros a Estados Unidos. Se trata de propietarios, ejecutivos y altos funcionarios señalados por brindar servicios logísticos a personas cuyo objetivo final era cruzar la frontera norteamericana sin autorización.

La acción se ampara en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso legal que permite negar el ingreso a quienes puedan generar consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. En este caso, Washington sostiene que el flujo de viajeros que transitan por Nicaragua se ha visto potenciado por políticas migratorias deliberadamente permisivas del actual forma de gobierno, lo que estaría desestabilizando la zona y favoreciendo circuitos ilícitos que lucran con la movilidad humana.

El comunicado añade que las investigaciones revelan cómo estas entidades facilitaron rutas y servicios que terminaron alimentando redes de contrabando y un aumento constante de personas intentando llegar a Estados Unidos sin cumplir procesos regulares. Por ello, la orden va más allá de un simple llamado de atención: incluye la revocatoria de visados vigentes y la prohibición de nuevas entradas al país.

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Washington reiteró que no tolerará acciones que puedan comprometer su seguridad nacional ni el respeto a sus leyes migratorias. Además, enfatizó que continuará aplicando herramientas diplomáticas y legales contra quienes busquen beneficiarse del tráfico de personas.