Esta tarde de lunes (17/11/2025) la Procuraduría General de la República (PGR) ha interpuesto una demanda de repetición en contra de los congresistas del periodo 2010-2014, quienes destituyeron a los magistrados y nombraron a los sustitutos para poder aprobar la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).

La acción se fundamenta en el artículo 324 de la Constitución de la República, que contempla la figura de repetición para que funcionarios públicos respondan por daños ocasionados al Estado.

Sin embargo, el abogado Ivis Discua subrayó que “esta acción de repetición no está expresada en una ley secundaria. No hay ninguna disposición ni tampoco un reglamento que desarrolle cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo en los tribunales”.

Un precedente inédito

Discua agregó: “Es la primera vez que se da una acción de esta naturaleza desde que tengo conocimiento, porque esto ha sido para proteger al Estado de los abusos que cometen los funcionarios públicos… esperaríamos a ver cómo va a resolver”.

La demanda busca que los diputados involucrados puedan resarcir al Estado con parte de los millones pagados tras la destitución irregular de magistrados en 2012, que derivó en una condena internacional contra Honduras.

Cuestionamientos por la acción legal

El exmagistrado también cuestionó el momento en que se presenta la acción: “Estamos a pocos días de las elecciones y hay varios de los diputados mencionados que ahora participan como candidatos. Yo siempre he creído que hay una migración de los poderes del Estado… primero era para evitar que fueran a elecciones y lo segundo, infundir cierta acción de miedo”.

Otros sectores han señalado que esta demanda busca evitar futuros intentos de reelección presidencial, aunque el entrevistado calificó esa interpretación como “una farsa”.

Antecedentes del caso

De acuerdo con medios nacionales, la PGR presentó la demanda ante los Juzgados de lo Civil contra más de 65 exdiputados del Congreso Nacional del periodo 2010-2014.

La acción pretende recuperar alrededor de 54 millones de lempiras, monto que el Estado hondureño debió pagar tras la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento de sustitutos que avalaron la reelección de Hernández