En una reciente declaración, la abogada Silvia Ayala, diputada de Libertad y Refundación (Libre), se refirió al pronunciamiento del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, sobre su participación en las próximas elecciones de manera virtual.

Ayala destacó que el magistrado está intentando posicionarse como víctima, cuando en realidad debe asumir la responsabilidad de sus decisiones como presidente del TJE.

La diputada recordó que todos los funcionarios y representantes de cargos de elección popular están sujetos a la ley y deben acatar las repercusiones de sus actos. “Si él está seguro de que sus actuaciones están apegadas a la legalidad, no debería tener ningún tipo de preocupación”, afirmó.

No obstante, existen indicios de que algunas decisiones del TJE no se realizaron conforme a derecho, motivo por el cual se han iniciado investigaciones y se encuentra en proyecto un requerimiento fiscal.

Interpretación política del mensaje al Congreso Nacional

Ayala consideró que el mensaje del magistrado dirigido al Congreso Nacional busca obtener respaldo político. Señaló la contradicción entre pedir que no se politice el tema electoral y, al mismo tiempo, hacer un llamado al poder legislativo.

Según la diputada, esta acción refleja un posicionamiento político personal, más que un actuar imparcial como presidente del TJE, y evidencia que busca apoyo de las bancadas que representan tanto su partido como el Partido Liberal.

En cuanto a la situación legislativa, la diputada informó que la Comisión Permanente aún no ha recibido convocatoria para su próxima reunión.

Aclaró que, aunque ha habido sesiones extraordinarias promovidas por la oposición, estas no tienen impacto legal ni repercusiones formales porque no se desarrollaron conforme a la Constitución de la República ni a la ley orgánica del Congreso Nacional.

Ayala concluyó subrayando la importancia de respetar los procesos legales y la independencia de los poderes del Estado, reiterando que todos los funcionarios deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y acatar la legalidad vigente.

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