El Ministerio Público de Honduras ofreció hoy un pronunciamiento oficial sobre la acción penal presentada contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el delito de prevaricato judicial, tipificado en el artículo 516 del Código Penal.

Durante la conferencia de prensa, el portavoz de la institución explicó que el requerimiento está respaldado con pruebas documentales y testimoniales, evidenciando que los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley.

Según la institución, los magistrados declararon sin lugar una recusación y ordenaron la inscripción de ciudadanos que no cumplían los requisitos legales. La normativa electoral exige la presencia de tres magistrados o al menos dos propietarios y un suplente para la validez de las decisiones, lo que no se cumplió en este caso.

Cumplimiento del debido proceso y transparencia electoral

La institución aclaró que se agotaron previamente todos los procedimientos legales, incluyendo la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, que determinó que los magistrados no gozan de prerrogativas que les otorguen inmunidad.

Por ello, se procedió con la presentación del requerimiento fiscal conforme a derecho.

El Ministerio Público enfatizó que no persigue personas, sino delitos, actuando siempre dentro del marco constitucional y legal, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizando el debido proceso. Su objetivo es proteger la integridad del proceso electoral y prevenir cualquier acción que pueda comprometer la democracia en Honduras.

Acciones contra delitos que afectan el proceso electoral

Asimismo, se informó sobre la existencia de una noticia criminal relacionada con audios que ponen en riesgo el proceso electoral. También verificó la autenticidad de la información antes de divulgarla, subrayando que se trata de medidas para proteger la democracia y evitar crisis el próximo 30 de noviembre.

El Ministerio Público reafirmó su independencia y compromiso con la legalidad, llamando a la ciudadanía, medios de comunicación y comunidad internacional a respaldar sus esfuerzos para garantizar elecciones justas, transparentes y pacíficas. La institución ratificó su respeto absoluto a la Constitución y las leyes, defendiendo la voluntad soberana del pueblo hondureño.

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