El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, expresó su preocupación ante la rapidez con la que el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), señalando que el contexto político en el que se da esta acción genera dudas sobre su motivación.

“Por la rapidez en la que ha actuado el MP deja mucho que pensar”, afirmó Solórzano en una entrevista radial, luego de que el Ministerio Público oficializara la acusación por prevaricato judicial contra los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez.

La acción se produce apenas días después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible la solicitud de antejuicio, abriendo la vía para que un juez natural conozca la causa.

¿Qué pasará ahora?

Solórzano explicó que, al tratarse de altos funcionarios, el procedimiento debe seguir lo establecido en el Código Procesal Penal, lo que implica que la Corte Suprema designe un juez natural entre sus magistrados.

“Este es un proceso que debe ser evaluado con rigor jurídico, pero lamentablemente, por el momento político que vivimos, puede ser percibido como una persecución”, advirtió.

El abogado también alertó sobre el impacto institucional que podría tener una eventual privación de libertad de los magistrados titulares del TJE en plena etapa electoral.

¿Qué pasaría si son detenidos los magistrados?

“Si se ordena su captura, los suplentes asumirían sus cargos, y eso no genera confianza, porque se sabe que responden a una línea partidaria”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a preservar la independencia de las instituciones y evitar que las acciones judiciales se interpreten como maniobras políticas.

Finalmente, Solórzano instó a la ciudadanía a ejercer el voto como forma legítima de manifestación democrática. “El voto es la manera de expresarnos colectivamente. No debemos permitir que la incertidumbre nos aleje de las urnas”, concluyó.