La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público presentó este lunes un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.

La acusación se fundamenta en la emisión de resoluciones contrarias a la ley, mediante las cuales ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.

Según las investigaciones, el magistrado Flores Urrutia fue previamente recusado por un ciudadano, tras emitir una opinión pública sobre el caso sin haber conocido formalmente el expediente en Pleno. No obstante, el 27 de octubre, ambos magistrados resolvieron la recusación de forma irregular, sin conformar el quórum legal ni seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y Procesal Electoral.

El Ministerio Público anuncia requerimientos fiscales contra magistrados del TJE tras fallo de la CSJ

Irregularidades en la resolución

Este exige la formación de una pieza separada, la notificación al recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente. Flores Urrutia participó en la resolución de su propia recusación, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente.

El 28 de octubre, los magistrados dictaron sentencia definitiva y ordenaron al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos, pese a que el Pleno del TJE no estaba debidamente integrado.

¿Según el MP, qué demanda la Ley del TJE para reunir el pleno?

La ley exige la participación de los tres magistrados propietarios o, en su defecto, la convocatoria de un suplente para que las resoluciones tengan validez jurídica. Esta omisión constituye otra de las irregularidades señaladas por el Ministerio Público.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TJE, al considerar que estos tienen las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de la CSJ, y por tanto no requieren dicho procedimiento para ser acusados.

Ante esta resolución, la UECDE procedió a presentar el requerimiento fiscal directamente, solicitando que la causa sea conocida por un juez natural.