Reacciones ha desatado el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Según especialistas consultados, el Ministerio Público (MP) únicamente tendría sustento para proceder por el presunto delito de prevaricato judicial, figura que ya fue mencionada en los documentos preliminares enviados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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El abogado penalista y exjuez de sentencia, Félix Ávila, explicó que la investigación abierta por el MP se ha enfocado exclusivamente en ese ilícito.

Recordó que, cuando se planteó el antejuicio, la propia fiscalía expuso que la línea de investigación giraba alrededor de una presunta emisión de resoluciones contrarias a la ley.

Ávila detalló que, si el requerimiento fiscal se formaliza ante un juez natural, la acusación sería por ese mismo delito, salvo que el Ministerio Público revalúe los hechos bajo otra tipificación, algo que en este momento no aparece reflejado en las comunicaciones oficiales. “Lo que se conoce públicamente es que la investigación se centra en prevaricato judicial. Ese es el delito mencionado en el informe que acompañó la solicitud de antejuicio”, puntualizó.

El experto también aclaró que corresponde al MP definir si los hechos encajan o no dentro de otras categorías penales, aunque, de acuerdo con lo divulgado hasta ahora, no existe indicio de que la institución considere otra figura delictiva. “Atendiendo el comunicado del Ministerio Público, ese es el delito investigado. Pueden calificar los hechos de distintas maneras, pero lo presentado hasta hoy solo hace referencia a prevaricato”, reiteró.

Tras la inadmisibilidad del antejuicio, la fiscalía anunció que se encuentra a la espera de recibir la notificación formal de la CSJ para proceder con la acción correspondiente. Con ello, quedaría habilitado para presentar un requerimiento sin necesidad de someterse nuevamente a la revisión previa de la Sala Especial, como aseguró el vocero de la institución el pasado viernes.

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— Once Noticias (@11_Noticias) November 10, 2025

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La situación de Flores Urrutia y Barahona se mantiene bajo la expectativa pública, mientras especialistas en derecho penal coinciden en que el proceso avanzará únicamente bajo el marco legal del presunto prevaricato judicial, a menos que la investigación arroje elementos que permitan ampliar la acusación.

La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), había presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Sayupa Barahona Rodríguez, por el presunto delito de prevaricato judicial.