La decisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, de declarar inaplicable el reciente fallo emitido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que permitía la incorporación de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho y de Cristian Villalobos por el departamento de Valle ha generado una fuerte polémica en distintos sectores jurídicos y políticos del país.

Los expertos en derecho constitucional consideran acertada la postura del CNE y afirman que dos magistrados del TJE emitieron ilegalmente un fallo sin aval del pleno.

El constitucionalista Luis Munguía expresó que: «Todo lo actuado por el Tribunal de Justicia Electoral ha sido legal».

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Sin embargo, el también constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la decisión como un precedente “funesto”, asegurando que los fallos judiciales deben cumplirse sin cuestionarse.

«Todo abogado serio sabe que una sentencia se cumple, no se discute», enfatizó Barrientos.

Por su parte, el abogado constitucionalista Rodil Rivera defendió la actuación del pleno del CNE, señalando que se actuó conforme a la ley y la Constitución de la República.

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«La aspiración de Jorge Cálix contraviene la ley, claramente, porque la ley dice que si usted fue candidato en las elecciones primarias, no puede serlo», afirmó Rivera.

Mientras tanto, el jurista Oliver Erazo sostuvo que el CNE se extralimitó al interpretar una resolución jurídica, lo que podría contradecir la Ley Orgánica Electoral.

«La sentencia es la decisión del Pleno del Tribunal de Justicia Electoral sobre un asunto sometido a su conocimiento a través del recurso, utilizando la frase nombre del Estado de Honduras», apuntó Erazo.

La controversia continúa, mientras distintos sectores analizan las implicaciones legales e institucionales de este enfrentamiento entre el CNE y el TJE.