La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, designó recientemente a nuevos magistrados que estarán a cargo de llevar los procesos contra los miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Según el portavoz judicial, Melvin Duarte, esta decisión se enmarca dentro de los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes vigentes.

“Se han seguido todos los protocolos legales para garantizar la transparencia y legalidad en este tipo de procesos”, aseguró Duarte. El nombramiento busca asegurar que los casos se desarrollen bajo el marco normativo adecuado y con respeto al debido proceso.

Antejuicio y procedimientos legales

El portavoz destacó que, conforme a la ley, los procesos contra altos funcionarios deben seguir la figura del antejuicio, que regula la remoción de magistrados y otros funcionarios designados por el Estado. Esto permite que cualquier investigación o sanción se realice cumpliendo los principios de taxatividad, legalidad y supremacía constitucional.

“En todo momento, se respeta la Constitución y la normativa vigente. No se omite ningún paso legal para proteger los derechos de los implicados”, afirmó Duarte. Este enfoque busca evitar irregularidades y garantizar que los procesos sean claros y legítimos.

“No hay que temer”: Asfura pide unidad y defensa del voto el 30 de noviembre

Comunicado del @PJdeHonduras sobre petición de antejuicio presentado por el @MP_Honduras en causa contra magistrados de @TjeHonduras. Presidencia instruye se asigne expediente según el orden preestablecido existente. pic.twitter.com/5YcikMiZL4

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 5, 2025

Experiencia comparada en otros países

Duarte recordó que en países con tradición constitucionalista, como México, Argentina y Brasil, la remoción de altos funcionarios del Estado sigue procedimientos similares. La transparencia y el respeto a la ley son elementos clave para mantener la confianza pública en las instituciones judiciales.

“Siguiendo estos principios, reforzamos la credibilidad del Poder Judicial y aseguramos que cualquier acción legal contra magistrados se haga de manera formal y fundamentada”, concluyó Melvin Duarte.

Garantía de transparencia

El portavoz finalizó reiterando que el Poder Judicial está comprometido con la legalidad y la supervisión estricta de todos los procesos internos. La designación de los magistrados para los casos del TJE refleja el esfuerzo institucional por garantizar un procedimiento justo, imparcial y transparente.

“Cada paso que damos está guiado por la ley y la Constitución”, subrayó Duarte, asegurando que el objetivo principal es proteger la institucionalidad y la confianza ciudadana en la justicia.