Expertos en materia legal coincidieron en que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) pueden ser enjuiciados si se comprueba su participación en delitos, pese a las protecciones constitucionales que amparan el ejercicio de sus funciones.

Estas reacciones surgen luego de que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordará que el artículo 234 de la Constitución de la República protege a los consejeros de cualquier acción que busque interrumpir sus labores o vulnerar las facultades del órgano electoral.

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Las declaraciones de Hall se dan tras la difusión de varios audios que supuestamente vinculan a la consejera Cossette López en un caso aún no esclarecido públicamente.

Sin embargo, abogados consultados enfatizaron que dicha inmunidad no debe confundirse con impunidad. Según los expertos, el fuero constitucional no exime de responsabilidad penal a los altos funcionarios, por lo que, si se demuestra la comisión de un delito, estos pueden ser procesados conforme a la ley.

En ese sentido, los especialistas detallaron que los consejeros, por su rango de altos funcionarios del Estado, deben ser sometidos a un procedimiento especial. En caso de existir indicios de responsabilidad, el proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que designaría un juez natural para conocer el caso.

No obstante, algunos expertos consideran que, debido a la cercanía del proceso electoral, es poco probable que un procedimiento judicial avance en este momento, ya que podría afectar el desarrollo del cronograma y generar una nueva crisis institucional.