El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este martes que el ejército estadounidense ejecutó tres operaciones en el Pacífico contra cuatro embarcaciones que, según sus declaraciones, estaban vinculadas a organizaciones narcoterroristas.

Los ataques dejaron catorce personas fallecidas y un sobreviviente, cuyo rescate involucra a autoridades mexicanas.

Hegseth compartió el anuncio a través de su cuenta en la red social X, acompañado de un video rotulado como “desclasificado”, donde se observan las embarcaciones antes y durante el impacto de los proyectiles.

Aunque el funcionario aseguró que las lanchas transportaban droga, no presentó pruebas ni identificó a las organizaciones implicadas.

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Organizaciones en la mira del Departamento de Estado estadunidense

Al referirse a “organizaciones terroristas designadas”, Hegseth aludió indirectamente a grupos incluidos en la lista del Departamento de Estado.

Entre ellos figuran el Tren de Aragua, seis carteles mexicanos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos, así como disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este último con presencia binacional entre Colombia y Venezuela.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente estas acciones, mientras que el presidente Donald Trump lo ha acusado de encabezar redes de narcotráfico.

Escalada militar y objetivos políticos

La ofensiva en el Pacífico se suma a una serie de acciones que, según analistas, buscan presionar al gobierno venezolano.

Washington mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un narcoestado.

El despliegue militar incluye diez buques de guerra, un submarino nuclear y 10.000 tropas en la zona del Comando Sur, además, el portaaviones Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, se dirige al Caribe tras recibir órdenes directas de Trump.

Finalmente, Hegseth justificó las operaciones como parte de una estrategia para proteger a la población estadounidense ante la crisis de salud pública provocada por el fentanilo.

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