A medida que Honduras se aproxima a los comicios generales del 30 de noviembre, crece la preocupación entre analistas y sectores sociales por el clima de tensión política que se vive en el país. Lo que en teoría debería ser una fiesta cívica en la que los ciudadanos acudan a las urnas confiando en sus instituciones y en el respeto a su voto, se ha convertido —según expertos— en un escenario de desconfianza y confrontación.

De acuerdo con analistas, grupos políticos que buscan perpetuarse en el poder estarían promoviendo un ambiente de inestabilidad, sin importar las consecuencias que esto pueda tener para el país. Otros sectores, señalan, persiguen mantener sus privilegios económicos a costa de los recursos públicos, defendiendo intereses particulares y debilitando la confianza ciudadana.

Los expertos advierten que Honduras enfrenta condiciones propicias para una posible convulsión social, lo que podría derivar en más pobreza e inestabilidad si no se fortalecen los mecanismos democráticos y la transparencia electoral.

Recientemente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Holt, manifestó su desacuerdo ante lo que consideró una posible injerencia de las Fuerzas Armadas, luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Ruzbel Hernández, solicitara acceso a las actas de los resultados presidenciales.
La solicitud generó una fuerte ola de críticas y preocupación en distintos sectores.

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Ante ello, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se pronunció señalando que permitir a las Fuerzas Armadas acceder de manera directa a los resultados electorales contravendría el principio del garantismo institucional, cuyo propósito es limitar el poder y proteger la soberanía popular. El pronunciamiento enfatiza que el control del poder militar no debe ser una cuestión política, sino una exigencia constitucional destinada a garantizar la supremacía del orden civil.

Por otro lado, el CNE advirtió sobre posibles riesgos en el voto de miles de ciudadanos de los departamentos de Olancho y Valle, y otorgó 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para resolver la situación.

Además, el reciente zafarrancho entre los consejeros Marlon Ochoa y Cosette López en el Centro Logístico Electoral ha generado fuertes reacciones, y algunos sectores no descartan que episodios similares puedan repetirse el día de los comicios.

No todo son malas noticias. La consejera Cosette López confirmó que ya fue adjudicada la conectividad satelital en 1,700 centros de votación, lo que garantiza un flujo estable de resultados el día de las elecciones.

Aun así, persisten las preocupaciones por la llamada “guerra de encuestas”, que según especialistas, ha generado triunfalismo en ciertos sectores políticos. Esta actitud, advierten, es irresponsable y peligrosa, ya que podría provocar caos y poner en riesgo la estabilidad del proceso electoral.

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