A través de una llamada telefónica en el programa La Entrevista, de Canal 11, conducido por el licenciado Raúl Valladares, Zelaya explicó cómo surgió el expediente y respondió a los señalamientos de persecución política.

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Según relató, todo comenzó cuando un gerente de empresa fue convocado a la municipalidad para firmar un contrato. Al leerlo, advirtió inconsistencias que podían acarrearle consecuencias legales, por lo que decidió presentar una denuncia. El Ministerio Público (MP) recibió este señalamiento a inicios del año pasado, dando paso a investigaciones financieras que habrían revelado un aumento patrimonial en los acusados.

«Esta denuncia la tenemos desde el año pasado, a inicios del año pasado. Se comenzaron a hacer los análisis financieros. Hay un aumento patrimonial en los ahora acusados», indicó.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención, según Zelaya, es la forma en que se diseñaron 33 contratos, de los cuales 26 registraban un monto de 999,000 lempiras. Esta cifra, explicó, no era casualidad: al quedarse apenas por debajo del millón, se evitaba aplicar la Ley de Contratación del Estado con sus requisitos de control.

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Sobre los señalamientos hacia la esposa del alcalde Roberto Contreras, el fiscal fue enfático: “Es falso que la esposa tenga orden de captura, y nunca se ha allanado la casa del alcalde”. Recalcó que cualquier ciudadano puede ser objeto de investigación, pero advirtió que no se puede permitir que se politicen procesos judiciales de esta magnitud.

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Concluyó que, pese a las críticas y los intentos de politizar el caso, el MP continuará con las investigaciones en todas sus líneas. “No nos vamos a detener”, afirmó Zelaya, subrayando que la Fiscalía seguirá el rastro de los contratos y de los movimientos financieros hasta llegar a los responsables.

El funcionario recordó que los testigos protegidos han brindado información clave desde enero del año pasado, y que sus declaraciones más recientes, obtenidas hace apenas dos semanas, resultan contundentes para fortalecer la acusación.

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Zelaya reiteró que el proceso no responde a intereses políticos, sino a pruebas documentadas que señalan prácticas de corrupción y presunto lavado de activos en el manejo de fondos municipales. Añadió que los ataques contra su gestión forman parte de una estrategia para deslegitimar la investigación, pero aseguró que el Ministerio Público actúa con base en hechos comprobados y no en especulaciones.