Un jurado federal en Miami, Estados Unidos, declaró culpable de todos los cargos al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, por su participación en un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para obtener contratos millonarios vinculados al fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Según la Fiscalía estadounidense, Zaglin utilizó su empresa Atlanco LLC para adjudicarse contratos de provisión de uniformes y equipos tácticos para la Policía Nacional de Honduras en los años 2015 y 2016, mediante pagos ilegales disfrazados como comisiones y servicios.

La Fiscalía presentó una serie de pruebas que incluyeron registros bancarios, correos electrónicos, facturas falsas y grabaciones de audio. Estos elementos demostraron que Zaglin convirtió el pago de sobornos en una práctica sistemática para asegurar contratos públicos en Honduras.

Las evidencias también revelaron el uso de empresas fachadas y transferencias internacionales para desviar fondos públicos destinados a seguridad.

Fiscal Peter Cooch señaló: “Zaglin prometió, pagó y autorizó sobornos”

La Fiscalía también mencionó durante el juicio que los sobornos se pagaron a través de Aldo Néstor Marchena, un intermediario externo que residía entonces en Boca Ratón, Florida, y que recibió $2.5 millones en pagos mediante facturas falsas autorizadas por Zaglin.

Según la acusación formal, se enviaron más de $166,000 a cuentas bancarias controladas por Francisco Roberto Cosenza y Juan Ramón Molina para impulsar el plan. Durante el juicio, el fiscal Peter Cooch señaló que Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos” a funcionarios hondureños.

Zaglin enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión tanto por el cargo de conspiración como por el de conspiración para lavado de dinero, según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para lavado de dinero.

Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.

Condena de 20 años para Carl Zaglin

Según los documentos del tribunal de Miami, Carl Alan Zaglin, de 68 años, es el dueño de una empresa de fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas con sede en el estado de Georgia, e hizo su comparecencia inicial ante el tribunal federal; Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, es el antiguo director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), un organismo del gobierno de Honduras que adquiría suministros para la Policía Nacional de Honduras; y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, era residente de Boca Ratón, Florida.

Entre marzo de 2015, o alrededor de esa fecha, continuando hasta noviembre de 2019, Zaglin, Aldo Marchena y entre ellos Francisco Cosenza; presuntamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno de Honduras, a fin de garantizar contratos con TASA por un valor de más de $10 millones de dólares estadounidenses.

Por otro lado, Zaglin también enfrenta cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por cada delito de lavado de dinero, 10 años por participar en transacciones con bienes de origen ilícito y cinco años por cada violación de la FCPA.

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