La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció irregularidades ocurridas el 15 de septiembre en la bodega tecnológica ubicada en las instalaciones del INFOP, donde se resguarda material de vital importancia para el próximo proceso electoral. Según detalló, durante la jornada se intentó alterar el cronograma de trabajo y se reportaron incidentes que incluyen daños en equipos y presuntos acercamientos violentos.

Ante esta situación, la consejera solicitó un informe detallado que incluya los videos de seguridad para identificar a los involucrados y esclarecer los hechos. López afirmó que es fundamental que el CNE documente con precisión los sucesos y presente las pruebas para evitar que se ponga en duda la transparencia del proceso electoral.

Sectores y expertos exigen investigación del Ministerio Público

Después de la denuncia, sectores políticos y expertos en leyes electorales recomendaron al Ministerio Público abrir de inmediato una investigación exhaustiva. Según los analistas, solo un proceso riguroso permitirá esclarecer el hecho y, en caso de confirmarse delitos, determinar responsabilidad penal.

Especialistas en materia electoral enfatizan que la Fiscalía debe actuar con independencia y asegurar la custodia de evidencias, como grabaciones de cámaras de seguridad, bitácoras y testimonios, para garantizar la validez de las pruebas. Asimismo, subrayan que la rapidez en la actuación es clave para evitar rumores y proteger la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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Garantizar la transparencia en el proceso electoral

Los expertos coinciden en que las irregularidades en el manejo de material electoral ponen en riesgo la transparencia de las próximas elecciones. Por ello insisten en que la respuesta de las autoridades debe ser clara y contundente, con una comunicación abierta que permita a la población conocer los avances de la investigación.

Finalmente, llaman al CNE a colaborar plenamente con el Ministerio Público, entregando todos los registros y permitiendo auditorías internas. Una investigación objetiva y profesional reforzará la credibilidad del proceso electoral y asegurará que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.