El Fiscal General de la República, Johel Zelaya, confirmó este viernes que su despacho recibió el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el polémico caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como el “cheque video”.

A través de su cuenta oficial en X, Zelaya anunció que ha instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que analice de inmediato el documento y lo incorpore a las investigaciones en curso.

“He recibido en mi despacho el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Sedesol, en el que dicho ente recomienda evaluar su contenido. He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública para que de inmediato lo analice y lo incorpore a las investigaciones en curso, las cuales ya presentan avances”, publicó Zelaya.

He recibido en mi despacho el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el caso SEDESOL, en el que dicho ente recomienda evaluar su contenido. He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que de…

— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@johelzelaya) September 5, 2025

 El “cheque video” y el escándalo político

El caso salió a la luz el pasado 21 de junio, cuando se filtró un video que muestra una conversación entre la diputada Isis Cuéllar (Libre) y el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. En el material audiovisual, ambos funcionarios discuten la entrega de fondos estatales con fines políticos en el departamento de Copán.

Cardona renunció a su cargo el 27 de junio, mientras que Cuéllar fue suspendida de sus funciones internas en el partido Libre, aunque continúa como diputada activa en el Congreso Nacional.

 Críticas al Ministerio Público por falta de acción

El abogado Kenneth Madrid cuestionó públicamente la necesidad del informe del TSC como detonante para iniciar la investigación, señalando que el Ministerio Público debió actuar de oficio desde el inicio del escándalo.

“El derecho penal es autónomo. No necesita un dictamen previo del Tribunal Superior de Cuentas, salvo en casos de enriquecimiento ilícito. Aquí hay indicios de otros delitos como fraude, falsificación de documentos y violación de deberes de funcionarios”, afirmó Madrid en entrevista con Once Noticias.

El jurista también advirtió sobre una posible “persecución penal selectiva” por parte del Ministerio Público, al señalar que algunos casos se procesan mientras otros se omiten por razones políticas.

“Lo que demuestra este caso es que no hay una persecución penal integral, sino selectiva. El fiscal decide qué casos procesa y cuáles no, lo que vulnera la ley orgánica y la percepción ciudadana de justicia”, agregó.

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