Las recientes declaraciones del director nacional de la Policía Nacional han reavivado el debate sobre la vigencia del estado de excepción en Honduras, una medida que ha sido prorrogada más de 23 veces desde diciembre de 2022 y que actualmente se aplica en 226 municipios del país.

Durante una comparecencia pública, el funcionario aseguró que el estado de excepción ha sido “muy efectivo” en la lucha contra el crimen organizado, destacando capturas en flagrancia y operativos en zonas de alta peligrosidad.

“Todo aquello que funciona debería mantenerse. No es una medida coercitiva, sino una necesidad para combatir la delincuencia”, afirmó el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya.

Reacciones desde el Ejecutivo

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, respaldó las declaraciones del director policial, pero también envió un mensaje de institucionalidad. “El estado de excepción parcial no beneficia a la Policía, sino a la sociedad hondureña. Si se elimina, se le quita una herramienta de protección a la ciudadanía”, expresó el funcionario.

Sánchez también confirmó que el Consejo de Ministros ratificó la solicitud de prórroga, y que el Congreso Nacional deberá aprobarla conforme al procedimiento constitucional. Según el ministro, los municipios incluidos en el decreto fueron seleccionados con base en análisis criminológicos, estadísticas delictivas e inteligencia policial.

Resultados y cuestionamientos

La Policía Nacional asegura que entre enero y julio de 2025 se logró una reducción del 14% en la tasa de homicidios, y que 108 municipios reportaron cero homicidios, lo que representa el 36% del territorio nacional. Sin embargo, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH reportó 15 masacres con 52 víctimas mortales en lo que va del año, un aumento del 87.5% respecto a 2024.

Organizaciones como el Conadeh y la OACNUDH han denunciado más de 1,000 casos de abusos en el marco del estado de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, destrucción de propiedad y violencia sexual.

¿Seguridad o represión en año electoral?

Con las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, diversos sectores advierten que mantener el estado de excepción podría debilitar el ejercicio democrático y restringir derechos fundamentales como la libre circulación y la reunión pacífica.

“La discusión no debe centrarse únicamente en su duración, sino en cómo fortalecer las instituciones y dotarlas de herramientas permanentes para enfrentar el crimen organizado”, señalan expertos en seguridad.

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