A menos de tres meses de las elecciones generales en Honduras, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, reiteró el llamado urgente a partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular para que cumplan con la apertura y registro de sus cuentas bancarias diferenciadas, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley de Financiamiento.

Según explicó el comisionado Emilio Hércules, el proceso inició el 1 de julio para los partidos políticos legalmente inscritos, mientras que los candidatos presidenciales, diputados, alcaldes y regidores debieron iniciar la apertura de sus cuentas desde el 1 de agosto.

Esta medida busca garantizar la trazabilidad, legalidad y transparencia del uso de fondos durante la campaña electoral, cuyo periodo de propaganda comenzó oficialmente el 1 de septiembre.

Cifras preocupantes: solo 230 de 2,135 candidatos han cumplido

De los más de 2,135 candidatos registrados para los comicios del 30 de noviembre, apenas unos 230 han cumplido con la apertura de su cuenta bancaria y la acreditación de su responsable financiero.

En el caso de los cinco aspirantes presidenciales, tres ya han presentado la documentación, mientras que los demás están en proceso de verificación.

La UFTF advierte que esta obligación no solo es legal, sino esencial para auditar los ingresos y egresos de cada campaña, prevenir el uso de fondos ilícitos y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.

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Próximo comunicado público

El comisionado Hércules anunció que esta semana se emitirá un comunicado oficial para informar al pueblo hondureño sobre el cumplimiento de cada partido y candidato.

“Es importante que los presidenciables marquen la pauta. El balance financiero debe cuadrar para saber quién financia cada campaña”, expresó.

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¿Qué es una cuenta bancaria diferenciada?

Es una cuenta exclusiva para administrar los fondos de campaña, separada de cualquier otra cuenta personal o institucional. Su uso permite a la UFTF fiscalizar el origen, uso y destino de los recursos, evitando prácticas irregulares o financiamiento ilícito.

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