La justicia estadounidense se prepara para emitir sentencia este jueves 4 de septiembre de 2025 contra el exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios, acusado de operar junto al cartel de Los Cachiros, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de Centroamérica.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en un documento de 21 páginas presentado al juez Lewis A. Kaplan, solicitó una pena mínima de 30 años de prisión para Martínez Turcios, quien fue legislador por el departamento de Colón entre 2010 y 2018.

Según el expediente, el excongresista no solo fungía como político, sino como socio, operador y sicario del cartel, liderando comandos armados que trasladaban toneladas de cocaína desde pistas clandestinas en Honduras hacia Guatemala, con destino final en Estados Unidos.

Crímenes violentos y vínculos con el narcotráfico

La acusación detalla al menos seis crímenes violentos en los que Martínez habría participado directamente, incluyendo los asesinatos del periodista Nahúm Palacios Arteaga y su pareja, del político Juan Ramón Salgado, de Salvador Regalado, y de dos presuntos rivales conocidos como “Alex” y “Mantequilla”, quienes fueron secuestrados, torturados y ejecutados.

Además, se le vincula con reuniones estratégicas junto a Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y otros exdiputados como Fredy Nájera, con el objetivo de controlar el Congreso Nacional y garantizar protección institucional a las operaciones del cartel.

Defensa debilitada y sentencia clave

La defensa de Martínez Turcios ha solicitado una reducción de condena alegando problemas de salud, pero la Fiscalía sostiene que no ha presentado argumentos suficientes para justificarla. “Una sentencia menor enviaría un mensaje equivocado a quienes, desde posiciones de poder político, deciden aliarse con el narcotráfico”, señala el documento oficial.

La audiencia de este jueves será determinante no solo para el futuro del exdiputado, sino también para los procesos judiciales que Estados Unidos mantiene abiertos contra redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al poder político en Honduras.