El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velázquez, aseguró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajarán de forma coordinada para garantizar la seguridad durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, en las que se elegirá al nuevo presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano.

Durante una reciente comparecencia pública, Sánchez afirmó que el proceso electoral se desarrollará como una “fiesta cívica” y que el 27 de enero de 2026 se concretará la sucesión constitucional con la toma de posesión del nuevo gobierno.

“Históricamente sabemos quiénes han intentado alterar las elecciones, pero hoy contamos con una institucionalidad fuerte. El pueblo hondureño puede salir a votar con confianza”, expresó Sánchez.

Estado de excepción como herramienta de seguridad

El titular de Seguridad también defendió la vigencia del estado de excepción, calificándolo como una “herramienta espectacular” para reducir la criminalidad en el país. Según Sánchez, esta medida ha permitido disminuir los índices de homicidios y fortalecer la captura de personas con órdenes de extradición.

Las estadísticas oficiales, respaldadas por el Observatorio de la Violencia de la UNAH, el Ministerio Público y otras instituciones, muestran una tendencia a la baja en delitos de alto impacto. No obstante, organizaciones de sociedad civil han manifestado preocupación por posibles abusos y restricciones a derechos ciudadanos durante la aplicación del estado de excepción.

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Coordinación con las Fuerzas Armadas

En el marco del proceso electoral, Sánchez confirmó que se desplegarán operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para resguardar centros de votación, garantizar la libre locomoción y prevenir incidentes que puedan alterar el orden público.

“La seguridad está garantizada. El pueblo merece ejercer su derecho al sufragio en paz”, reiteró.

Además, se ha anunciado el uso de tecnología como drones y sistemas de monitoreo para reforzar la vigilancia en zonas de alta concurrencia, especialmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se prevé una alta participación ciudadana.

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