Mientras el clima electoral en Honduras se intensifica, también lo hace una preocupación que cala hondo en la ciudadanía: la violencia contra actores políticos. En las últimas semanas, varios aspirantes a cargos públicos han sido víctimas de ataques que han encendido las alarmas sobre la seguridad en el proceso democrático.

En Azacualpa, Santa Bárbara, un candidato del Partido Liberal fue baleado en el hombro. En la misma zona, otro aspirante del Partido Nacional fue raptado. En Olanchito, el alcalde también sufrió un atentado. Estos hechos, lejos de ser aislados, dibujan un mapa de miedo e incertidumbre para quienes participan activamente en la contienda electoral.

“De no haber castigos ejemplares ante los tribunales, seguirán las actuaciones de los autores contra los ciudadanos políticos”, advirtió el analista político, Erasmo Jiménez, subrayando la falta de acciones investigativas en casos anteriores. La hipótesis de que estos ataques tengan motivaciones políticas cobra fuerza ante la ausencia de resultados judiciales y la repetición de patrones violentos.

Fallas de seguridad

Expertos señalan que la falta de una política pública de seguridad clara y con objetivos específicos ha permitido que este tipo de organizaciones se expandan incluso hacia zonas rurales. “No se tiene una cosmovisión de lo que realmente sucede en el país”, lamentó el experto Benjamín Lavaire, evidenciando la desconexión entre las autoridades y la realidad que enfrentan los ciudadanos.

“Muy probablemente ellos, sin proponérselo, están incentivando la violencia, y la población hondureña está harta”, expresó un líder comunitario, haciendo un llamado urgente a los candidatos a reconsiderar sus estrategias y buscar acuerdos que prioricen la tranquilidad nacional.

Los recientes episodios marcan un panorama electoral marcado no solo por la competencia política, sino por el temor, el silencio y la urgencia de respuestas institucionales que garanticen la seguridad de todos los actores involucrados.

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