En una decisión clave para el desarrollo del caso Pandora II, un juez de Letras declaró sin lugar la solicitud del Ministerio Público (MP) que pretendía incorporar a Fernando José Suárez Ramírez como testigo protegido mediante prueba anticipada.

La resolución se fundamentó en la falta de pruebas que acreditaran un riesgo inminente para el testigo, como exige el artículo 277 del Código Procesal Penal.

La defensa, liderada por los abogados Juan Carlos Berganza y Doris Imelda Madrid, argumentó que el MP no presentó ningún acervo probatorio que justificara la protección especial. “No basta con mencionar el riesgo, debe probarse. Y esa probanza nunca llegó”, señaló Madrid, quien representa a uno de los imputados.

El juez reconoció su competencia para resolver las nulidades planteadas, pero desestimó la solicitud del MP por no cumplir con los requisitos legales. “La identidad del testigo ya es pública, por lo tanto, no puede considerarse protegido”, añadió la togada.

¿Qué es el caso Pandora II?

El caso Pandora II involucra a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, acusados de participar en el presunto desvío de más de 62 millones de lempiras desde instituciones públicas hacia fundaciones que habrían financiado campañas políticas2.

Fernando Suárez, implicado en el caso, buscaba colaborar como testigo protegido, pero su solicitud fue rechazada por la Corte de Apelaciones, que determinó que debe enfrentar juicio oral y público como imputado.

La decisión judicial fortalece la posición de la defensa, que ha cuestionado la legalidad de las pruebas anticipadas sin sustento. Además, marca un precedente sobre el uso de la figura de testigo protegido en procesos de alto perfil.

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