La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que, a partir del 2 de septiembre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrantes deberán presentarse a una entrevista en persona con un funcionario consular.

Según la Embajada, esta medida aplica tanto para quienes solicitan la visa por primera vez como para quienes buscan renovarla.

¿Qué implica el nuevo requisito para los solicitantes de visa en Honduras?

La Embajada de Estados Unidos en Honduras explicó que, desde septiembre, la mayoría de las categorías de visas de no inmigrantes exigirán una entrevista presencial obligatoria.

De esta manera, los solicitantes tendrán que acudir personalmente para ser evaluados por un funcionario consular. Sin embargo, la Embajada no ha detallado si habrá excepciones para algunos casos específicos.

“Los solicitantes deberán presentarse a una entrevista presencial con un funcionario consular”, puntualizó la Embajada.

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¿Cómo deben prepararse los solicitantes ante este cambio?

Frente a este nuevo requisito, las autoridades consulares recomiendan a los interesados programar sus citas con anticipación, ya que esta medida probablemente incrementará la demanda de espacios para entrevistas.

Además, instan a los solicitantes a visitar el sitio web oficial de la Embajada para informarse sobre los procedimientos, requisitos y pasos para agendar la entrevista.

“Recomendamos a los solicitantes agendar su cita con anticipación debido al posible incremento en la demanda”, agregó la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

Nuevas medidas de pago para visas

El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva política migratoria que podría exigir a los solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) el pago de una fianza de hasta 15,000 dólares.

Esta medida, que forma parte de un programa piloto de 12 meses, busca reducir las estadías ilegales en el país y aplicaría principalmente a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular, según el Departamento de Estado.

Además de esta fianza, la administración también incrementó otros cargos relacionados con el proceso migratorio, como la «tarifa de integridad de visa» de 250 dólares y un cobro de 100 dólares a migrantes que soliciten asilo.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado estas medidas por considerar que pueden limitar el acceso legítimo y afectar especialmente a personas de países en vías de desarrollo.

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