El diputado Nelson Javier Márquez Euceda, junto a otros seis imputados, enfrentará el proceso judicial bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, tras ser señalado por el Ministerio Público (MP) de participar en un presunto fraude que habría drenado más de 3,000 millones de lempiras del Estado hondureño.

La medida fue otorgada por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien actúa como juez natural en el caso, en respuesta a la solicitud del fiscal del MP.

A diferencia de la detención preventiva, el arresto domiciliario permite a los acusados permanecer en sus hogares bajo vigilancia policial, mientras se desarrolla el proceso legal.

Imputados beneficiados con la medida

Los siete acusados que se beneficiarán de esta disposición son:

• Nelson Javier Márquez Euceda (diputado al Congreso Nacional)
• Juan Fernando Madrid Lezama
• Caronte Rojas Zavala
• Raymundo Esaú Gradiz Vilorio
• Rafael Eduardo Chávez Aguilar
• Eva María Vásquez Villanueva
• Irissabel Lucía Hernández Miranda

De acuerdo con Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, la Fiscalía había solicitado inicialmente la detención judicial para los imputados. Sin embargo, aplicando el principio de objetividad, el juez consideró idóneo imponer arresto domiciliario a cinco de ellos, mientras que Rafael Chávez, receptor de los juzgados civiles de Tegucigalpa, ya gozaba de esa medida por razones de edad.

#OnceNoticias🟡 | MP pide arresto domiciliario para diputado Nelson Márquez y cuatro personas más acusadas de corrupción.
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— Once Noticias (@11_Noticias) August 6, 2025

Presunta red de corrupción

El requerimiento fiscal señala que los imputados habrían participado en una red de corrupción que promovió demandas ilegales basadas en un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema.

Estas acciones derivaron en pagos millonarios al margen de los procesos judiciales, favoreciendo a empresas como DRC Inc. y NAINSA, en contratos originados tras el paso del huracán Mitch.

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En horas de la tarde

Este martes 5 de agosto, el diputado Nelson Márquez y siete imputados más se presentaron ante el Poder Judicial para someterse a la audiencia inicial relacionada con el caso del Fondo Vial. Este caso involucra contratos por un monto aproximado de 34 millones de lempiras, los cuales, según la Fiscalía, habrían incumplido los procedimientos legales correspondientes.

A las 2:00 de la tarde, Márquez llegó acompañado de las otras personas imputadas, quienes fueron trasladados en un vehículo poco común para este tipo de diligencias.

Al salir del vehículo, el diputado expresó brevemente: “Viva Honduras, viva Honduras”.

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¿De qué se acusa a los imputados?

La audiencia inicial se centra en analizar los contratos cuestionados. El abogado Salomón Amador, representante legal de uno de los imputados, indicó que esta etapa procesal es en la que el Ministerio Público ratificará el requerimiento fiscal, mientras que la defensa presentará sus argumentos y medios de prueba tanto de cargo como de descargo.

Amador señaló que, hasta el momento, desconocen qué tipo de pruebas presentará la Fiscalía y que mantienen las medidas cautelares previamente impuestas a sus defendidos, dado que no existen cambios en las condiciones que motivaron dichas medidas.

“Mis dos representados ya están presentes, por eso desaparece el peligro de fuga. Además, las investigaciones han culminado y ninguno de ellos es funcionario del Fondo Vial, por lo que no pueden acceder a documentación que amplíe la investigación”, explicó el abogado.

¿Qué espera la defensa sobre las pruebas y el dictamen contable?

Asimismo, la defensa indicó que, conforme al requerimiento fiscal, únicamente se ejecutó y pagó el 80 % de los contratos. Por ello, están a la espera del dictamen forense contable para determinar si existió fraude y evaluar el posible perjuicio al Estado.

En este sentido, Amador aclaró que el delito de fraude debe probarse con evidencias claras que determinen el daño causado.

¿Cuál es el próximo paso en el proceso judicial?

Finalmente, dado que el expediente cuenta con 32 tomos de documentación presentada por la Fiscalía, la defensa solicitó un tiempo prudencial para analizar el material.

En consecuencia, la jueza natural programó la continuación de la audiencia para el próximo 20 de agosto, fecha en la que se revisarán más detalles del caso y se escucharán nuevos argumentos.

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