CSJ resolverá medidas contra Nelson Márquez y otros imputados

Detención judicial contra diputado Nelson Márquez y otros salpicados en caso de demandas ilegales

30 de julio de 2025Judiciales, Nacionales, Titulares

El Ministerio Público (MP) solicitó al juez competente la imposición de medidas cautelares contra los implicados en un presunto caso de corrupción, entre ellos el diputado Nelson Javier Márquez Euceda, quien ya compareció ante las autoridades.

En audiencia de declaración de imputado, el juez de Letras designado resolvió este miércoles (30/07/25) dictar detención judicial para Márquez Euceda, Eva María Vásquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos acusados por el delito de fraude.

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Asimismo, se ordenó la detención judicial contra Raymundo Esaú Gradiz Vilorio, a quien se le imputa el delito de prevaricato judicial, en el marco del mismo expediente. Para Rafael Eduardo Chávez Aguilar, señalado por la supuesta falsificación de documentos públicos, el juez dictó medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva.

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Las defensas presentaron arraigos y cauciones económicas con la intención de evitar la prisión preventiva, pero el juez resolvió en contra de dichas solicitudes. La audiencia inicial ha sido programada para el próximo martes 5 de agosto, según lo confirmó el Poder Judicial a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, las órdenes de captura contra los imputados que no comparecieron siguen vigentes y las autoridades de seguridad están autorizadas para ejecutarlas en cualquier momento.

Requerimiento fiscal

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la FETCCOP, develó una supuesta red de corrupción que operó durante más de veinte años manipulando contratos y procesos arbitrales.

El MP sostiene que los implicados usaron un laudo arbitral sin validez legal para justificar millonarios pagos del Estado. Entre los señalados figura el actual diputado nacionalista Nelson Javier Márquez Euceda, junto a varios exfuncionarios de alto nivel.

Además, el requerimiento fiscal apunta a dos jueces que habrían facilitado la ejecución de demandas millonarias pese a resoluciones judiciales previas que anulaban el laudo. El MP señala que los implicados se beneficiaron directamente mediante pagos a cuentas personales, cancelaciones de hipotecas y transferencias a familiares.