Ante los señalamientos de diversos sectores por las recientes órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público, el dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría, aseguró que se trata de un proceso legítimo en el marco del combate a la corrupción en Honduras, y no de una persecución política.

«El combate a la corrupción ha constituido un eje principal del gobierno y prometió combatir la corrupción. Ahora que hay un fiscal general que está actuando de manera correcta, no se puede considerar que es una persecución política o algo por el estilo”, declaró Alegría.

Además, mencionó: “Esos casos ya llevan sus años, llevan sus años y las cantidades nos asustan a todos. Tres mil millones de lempiras, es decir, en la cual tuvo que pagar el Estado de manera irregular por actuaciones irregulares de su funcionario”.

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Corrupción en el Congreso Nacional

También, recordó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ya había advertido sobre la existencia de una red de corrupción dentro del Congreso Nacional, y que algunos diputados interfirieron en su trabajo para evitar investigaciones.

En relación con la renuncia condicionada de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Alegría expresó que nunca debió considerarse formalmente, pues carecía de base legal.

Por otra parte, el dirigente de Libre lamentó que no se abordara en el Congreso Nacional la ampliación del plazo para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), aunque considera que aún hay tiempo si hay voluntad política.

“El TREP prácticamente ahora está complicado, pero yo creo que tenemos tiempo. Si el Consejo Nacional Electoral hiciera una propuesta de TREP, de consenso de armonía con las fuerzas políticas, podríamos tener TREP todavía. O sea, que no del todo está aniquilado el TREP. Es importante que nos demos cuenta de manera oficial a las tres horas de haber terminado las elecciones cuál es la tendencia ganadora el 30 de noviembre de este año”, señaló.

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#OnceNoticias🟡 | Reacciones ante las capturas ejecutadas por el Ministerio Público a implicados en desfalco millonario al Estado.

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— Once Noticias (@11_Noticias) July 30, 2025

Detenidos junto al diputado Nelson Márquez por el supuesto manejo irregular de más de 3 mil millones lempiras

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez en su cuenta de X informó de las detenciones de exfuncionarios y funcionarios, que presentan requerimientos fiscales por el presunto manejo de más de tres mil millones de lempiras.

“Con la Policía Nacional y sus direcciones especializadas se capturó a las siguientes personas: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio”, dice el mensaje del titular de Seguridad.

¿Quiénes son los implicados en este nuevo caso de presunta corrupción?

Nelson Javier Márquez Euceda, ex secretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional.

Martha Vicenta Doblado Andara, ex coordinadora General de Gobierno.

Eva María Vásquez Villanueva, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.

Juan Fernando Madrid Lezama, apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).

Caronte Rojas Zavala, quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados.

Murray Paul Farmer, representante legal de la empresa DRC Inc., por suponerlos responsables del delito de fraude.

También se acusa a los jueces:

Issabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Viloria por prevaricato judicial.

Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso.

Rafael Eduardo Chávez Aguilar, en su condición de receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.

¿Quién es Nelson Márquez? 

Márquez fue detenido este 29 de julio de 2025 por el Ministerio Público (MP). Se le acusa de liderar un esquema de fraude contra el Estado hondureño, mediante demandas ilegales que habrían desviado más de 3,000 millones de lempiras. Las acusaciones fueron presentadas por la UFERCO y la FETCCOP, quienes también señalaron a otros implicados.

Según las investigaciones fiscales, Márquez integraba una red conformada por exfuncionarios, abogados y jueces. Este grupo habría utilizado un contrato irregular y un laudo arbitral no homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para justificar demandas fraudulentas y lograr indemnizaciones millonarias. El perjuicio al Estado asciende a L. 3,084,223,255.38.