En un controvertido movimiento que intensifica la política migratoria de línea dura del presidente Donald Trump, el gobierno republicano ha firmado un acuerdo que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a acceder a los datos personales de los 79 millones de personas inscritas en Medicaid, el programa de salud federal y estatal destinado a personas de bajos ingresos.

El pacto, firmado esta semana entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), permitirá a los agentes de inmigración utilizar esa información con el objetivo de identificar y localizar a inmigrantes en situación irregular dentro del país, según reveló la agencia Associated Press (AP), que tuvo acceso al documento antes de su publicación oficial.

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ICE tendrá acceso a datos de personas inscritas Medicaid

Con el acceso a la base de datos de Medicaid, el ICE podrá consultar nombres, direcciones, fechas de nacimiento, información étnica y racial, e incluso los números del Seguro Social de los beneficiarios.

Sin embargo, el acuerdo establece que los agentes no podrán descargar la información individual, sino únicamente visualizarla por un tiempo limitado que expirará el próximo 9 de septiembre.

Aún no se ha confirmado si el DHS ya comenzó a utilizar los datos. Tricia McLaughlin, subsecretaria del departamento, declaró que ambas agencias “exploran una iniciativa para garantizar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios destinados a ciudadanos que cumplen la ley”.

Si bien los inmigrantes indocumentados no califican para Medicaid regular, todos los Estados están obligados por ley federal a ofrecer Medicaid de emergencia, que cubre únicamente servicios médicos vitales en salas de urgencia, sin importar el estatus migratorio del paciente.

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Además, siete Estados —entre ellos California, Nueva York, Illinois y Colorado— han ampliado voluntariamente el acceso al programa a inmigrantes sin estatus legal, asumiendo ellos mismos los costos sin involucrar fondos federales.

No obstante, en junio, la Administración Trump ordenó a varios de esos Estados —incluidos California, Illinois y Washington— entregar al ICE los datos de millones de beneficiarios, lo que provocó una ola de críticas y demandas.

Un total de 20 Estados ya han denunciado al Gobierno federal por presuntamente violar leyes de privacidad en materia de salud.