Una jueza federal ordenó la suspensión inmediata de las redadas migratorias llevadas a cabo en siete condados del sur de California, incluidas zonas densamente pobladas como Los Ángeles y Ventura.

La decisión se da tras una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles y ciudadanos afectados por estas operaciones.

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La jueza Maame E. Frimpong, del Tribunal de Distrito de EE.UU., falló a favor de los demandantes, entre ellos tres inmigrantes y dos ciudadanos estadounidenses, quienes alegaron haber sido blanco de detenciones sin causa legal, motivadas por su apariencia racial. Uno de ellos, pese a mostrar su identificación, fue retenido por agentes de inmigración.

El fallo, que incluye una orden separada para garantizar el acceso legal a detenidos en un centro de detención en el centro de Los Ángeles, se produjo un día después de una audiencia en la que los defensores argumentaron que las acciones del gobierno vulneran las protecciones constitucionales de la Cuarta y la Quinta Enmiendas.

Durante las últimas semanas, comunidades latinas han denunciado operativos en lugares públicos como lavaderos de autos, tiendas Home Depot y mercados comunitarios. En el condado de Ventura, agentes federales detuvieron autobuses con trabajadores agrícolas durante una redada, lo que desató protestas y dejó varios heridos.

El Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones de perfil racial. Tricia McLaughlin, vocera del DHS, calificó como “repugnantes y falsas” las declaraciones que sugieren que los agentes seleccionan objetivos por su color de piel. Sin embargo, abogados como Mohammad Tajsar, de la ACLU, argumentan que la selección de personas en base a su origen étnico ha sido sistemática y deliberada.

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El fallo representa un freno legal importante en medio de una creciente presión pública por las tácticas migratorias agresivas del gobierno. Mientras tanto, los grupos defensores celebran una victoria que consideran esencial para proteger los derechos civiles de las comunidades inmigrantes en California.