El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, solicitó formalmente una ampliación del dictamen legal relacionado con el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), denunciando irregularidades en la reciente resolución aprobada por mayoría en el órgano electoral.

Según Ochoa, la resolución en cuestión permite la intervención humana en el proceso de conteo, centralizando funciones que, constitucionalmente, pertenecen a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

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Esta práctica, asegura, no solo contraviene el dictamen técnico emitido por la Asesoría Legal del CNE el pasado 14 de junio, sino que también revive mecanismos cuestionados por su uso en procesos electorales anteriores, como en 2017.

El consejero presentó su solicitud de ampliación del dictamen a través de la Secretaría General del CNE, insistiendo en que el accionar aprobado es inconstitucional e ilegal. Enfatizó que la contratación del TREP debe regirse por normas técnicas y legales, sin permitir interferencias que puedan dar pie a manipulaciones desde Tegucigalpa u otras instancias centrales.

“Por ello solicité la ampliación del dictamen legal a través de la Secretaría General de la institución, en el cual se concluye que es inconstitucional e ilegal la resolución del CNE al usurpar la función de los miembros de las 19 mil mesas (JRV) a través de la intromisión centralizada de personas designadas en Tegucigalpa, como se hizo en el año 2017”, afirmó Ochoa, quien también apuntó directamente al Partido Nacional y al Partido Liberal por avalar estas modificaciones.

Señores Partido Liberal y Partido Nacional, la Asesoría Legal del CNE dictaminó en fecha 14 de junio el pliego de condiciones para contratar el TREP, pero sin los tres párrafos de intromisión humana que le añadieron por mayoría de votos de sus consejeras representantes. El… https://t.co/WhLwufFYlC

— Marlon (@MarlonOchoaHN) June 20, 2025

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Con la consigna “¡Fraudes nunca más!”, Marlon Ochoa dijo que su compromiso se basa en la defensa de elecciones limpias y transparentes, instando a que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas y que se garantice la descentralización del conteo electoral.