La suspensión, emitida pocas horas después de que el fallo original entrara en vigor, mantiene la decisión de Trump en pie, al menos hasta que se celebre una audiencia formal el próximo 17 de junio.
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El conflicto legal comenzó cuando el juez federal de distrito Charles Breyer determinó que la movilización de las tropas por parte del entonces mandatario violaba la Décima Enmienda de la Constitución y sobrepasaba sus atribuciones como jefe del Ejecutivo. La orden, sin embargo, solo afectaba a los elementos de la Guardia Nacional y no incluía a los marines que también participaron en el operativo.
Demanda contra Donald Trump
El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la decisión inicial del juez como “una prueba para la democracia”, luego de que, junto al fiscal general Rob Bonta, presentaran una demanda contra Trump y el entonces secretario de Defensa, Peter Hegseth. Según Newsom, la imposición federal representaba una invasión de las competencias estatales.
Desde la Casa Blanca, la reacción fue inmediata. Anna Kelly, portavoz de la Administración Trump, denunció que el fallo judicial “carece de precedentes” y compromete la seguridad de los funcionarios federales. “El tribunal de distrito no tiene autoridad para usurpar el papel del presidente como Comandante en Jefe”, sentenció.
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El gobierno federal asegura que el objetivo de la movilización fue proteger instalaciones y personal ante el caos en Los Ángeles, y adelantó que apelará de manera inmediata para revertir la suspensión y obtener una resolución definitiva favorable.