El presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel Ramiro Muñoz, denunció que la Mara Salvatrucha (MS-13) controlaba parte del Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde vendía celdas hasta por 300 mil lempiras, en una operación criminal disfrazada entre la población general del recinto.

Según Ramiro Muñoz, la organización transformaba espacios colectivos en dormitorios improvisados, construidos con madera, que luego eran comercializados dentro de la cárcel.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Celda de lujo: ¿Quién es el supuesto extraditable que vivía como rey dentro de la cárcel de Támara?

“No era hacinamiento, era negocio. Donde cabían 40, solo vivían 10, porque lo convertían en espacio privado para la venta”, afirmó.

Como respuesta, el INP trasladó recientemente a más de 300 reclusos desde Támara hacia otras prisiones como La Tolva y Siria, en un intento por desarticular el control que la MS-13 había instaurado al interior del penal.

“¿Por qué se camuflaban entre la población general? Querían seguir controlando”, cuestionó el funcionario.

Conadeh lanza advertencia por derechos humanos

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió el 29 de mayo que estos traslados podrían derivar en violaciones a los derechos humanos si no se garantizan condiciones adecuadas. “No deben utilizarse para imponer tratos crueles o degradantes”, señaló el ente.

“No protejan a criminales”, responde el INP

Sin embargo, Muñoz fue enfático: “No vamos a negociar con el crimen. No protejan a terroristas. El que no pagaba, no podía estar tranquilo dentro del penal. Eso se acabó”. También recalcó que la prioridad del Estado es recuperar el control total del sistema penitenciario.

[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: ¡CELDAS VIP! Descubren lujosos módulos en la cárcel de Támara

La Comisión Interventora mantiene su plan de transformación, enfocado en desmontar las estructuras de poder criminal, recuperar la gobernabilidad carcelaria y restaurar el principio de legalidad en todos los centros penales del país.