La denuncia hecha por organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que en el Congreso Nacional (CN) se han malgastado más de 824 millones de lempiras en los últimos tres años, debe ser investigada de oficio por el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para esclarecer si existen o no dichas irregularidades.

La denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ante el TSC debe ser investigada no solo por el tema de la denuncia, sino que, según expertos, también debería estar siendo indagada de oficio desde hace días, dado que se trata de un periodo que abarca los años 2022-2023.

“Ya deberían de estar siendo cuestionados precisamente por el Tribunal Superior de Cuentas”, afirmó Melissa Elvir, miembro de la sociedad civil.

Oficialismo niega mal manejo de los fondos

Desde el oficialismo, se niega que haya mala utilización de los recursos del Estado en la actual administración del Congreso Nacional. Los representantes explican que “toda la información sobre el manejo del presupuesto está en el portal de transparencia” y argumentan que quienes critican la gestión del actual diputado Luis Redondo lo hacen porque no se les ha beneficiado como ocurría en administraciones anteriores.

“La información que está divulgando ASJ la está tomando de lo que publica el Congreso Nacional. ¿Dónde está el delito? Lo que pasa es que hay una intención de ASJ de hacer ver mal”, señaló el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuente.

Según el informe de la ASJ, las investigaciones sobre el uso de los recursos incluyen la compra de alimentos para eventos, arreglos florales, aretes, bolsos e incluso sombreros tipo charro, todo por cientos de miles de lempiras.

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Investigaciones

“El Ministerio Público, por su parte, señala que actúa ante denuncias, pero también puede investigar de oficio, afirmó el experto en transparencia, Damián Pineda Reyes.

“Es un sistema que deben complementar entre las partes para verificar qué está pasando con el agravio público”, agregó Pineda.

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Cuestionan el informe

Finalmente, el dirigente del Partido Libre, Gilberto Ríos, criticó el informe de la sociedad civil, asegurando que “no está pegado a la verdad”.

Según Ríos, se trata de un mecanismo a través del cual las fuerzas opositoras buscan desestabilizar al actual gobierno y a la gestión del titular del Congreso Nacional.

“Acusaciones infundadas, se ha demostrado públicamente la administración correcta del ingeniero Luis Redondo y me parece que es parte de la campaña con la que quieren desestabilizar democráticamente nuestro país”, concluyó el dirigente.

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